“El informe ‘¿Qué futuro nos espera?’ documenta estos 23 casos en los que fueron asesinadas 39 víctimas; de ellas, 13 continúan en condición de personas no identificadas”, indicó en un comunicado el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que presentó el informe junto con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Las organizaciones pidieron además a la JEP que coordine con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) “las acciones necesarias para procurar su identificación y permitir la entrega digna de los cuerpos a sus familiares”.
El informe es el primero de cinco que presentarán a la JEP organizaciones de derechos humanos este año, y revela cómo en el Batallón ‘La Popa’ (Valledupar), bajo la comandancia de Hernández, se simularon combates en que la mayoría de las víctimas fueron presentadas como integrantes de bandas criminales y otras como integrantes de las guerrillas del Eln o de las Farc.
Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2007 y junio de 2009, cuando Hernández Martínez comandó dicho batallón.
Según el documento, en ese tiempo se registraron 39 víctimas de homicidio bajo una posible práctica de ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 26 fueron identificadas y cinco de ellas eran menores de edad.
“En uno de los casos, el hoy general llegó a presentar una denuncia penal por reclutamiento forzado de menores por parte de la guerrilla del Eln para intentar justificar la ejecución extrajudicial de una niña indígena de 15 años raptada cerca de su casa”, indicó Cajar en su comunicado.
Los homicidios ocurrieron en Valledupar, Pueblo Bello, San Diego, Copey, Codazzi y Bosconia, todos en el departamento de Cesar, pero uno más se registró en el municipio de San Ángel, Magdalena, donde no tiene jurisdicción el Batallón ‘La Popa’.
“Otro de los hallazgos es la existencia de un patrón de encubrimiento que buscaba que la jurisdicción penal militar fuera la encargada de investigar estos hechos para que las investigaciones se cerraran prontamente”, precisó Cajar.
Las tres organizaciones sociales pidieron a la JEP suspender de su cargo a Hernández como medida cautelar y garantía de no repetición.
En la actualidad el militar está al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, cargo al que fue ascendido por el gobierno de Iván Duque el pasado 21 de diciembre, pese a que la organización Human Rights Watch pidió que se frenara su ascenso por su presunta implicación en estas ejecuciones extrajudiciales.
Entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como bajas en combate, con lo cual los militares recibían ascensos y beneficios.
Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.
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