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En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a 14 exintegrantes de la Policía Nacional que estarían involucrados en la desaparición de 14 personas entre marzo y septiembre de 1982, en Bogotá y en el municipio de Gachalá en Cundinamarca.
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La Fiscalía General de la Nación valoró y expuso las pruebas recopiladas y que obran en el expediente del caso denominado como ‘Colectivo 82’, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró méritos para emitir resolución de acusación.
Asimismo, les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos responsables del delito de desaparición forzada agravada, la cual se hará efectiva en los lugares de residencia de los procesados.
Los acusados son el brigadier general en retiro Nacin Yanine Díaz, los oficiales en retiro Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo; los suboficiales en retiro José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva; y los agentes en retiro Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.
La investigación, reactivada como consecuencia de una acción de revisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de junio de 2011, da cuenta de cómo los exservidores de la entonces División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC) presuntamente se concertaron con el entonces autodenominado ‘Muerte a Secuestradores’ (MAS) para lograr el rescate de tres menores de edad secuestrados. Con esa intención habrían retenido a 14 personas, entre ellas un niño que permaneció cinco días en una estación de policía, siete universitarios y cuatro ciudadanos.
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Teniendo en cuenta que se trata de un delito de ejecución permanente, puesto que 42 años después de los hechos se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas, adicional a la acusación, el fiscal del caso dispuso la detención preventiva de los procesados para “evitar la continuación de la actividad delictual”.
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