
A partir de este viernes, una controvertida política de registro para inmigrantes indocumentados tomará efecto en Estados Unidos, según confirmaron fuentes judiciales.
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Esta nueva normativa exige que los ciudadanos mayores de 14 años se registren ante las autoridades, proporcionen datos biométricos y porten consigo una prueba de registro continuo.
La medida, promulgada el 12 de marzo, ha provocado intensos debates y oposición de diversas organizaciones. Asimismo, grupos y organizaciones de migrantes interpusieron un recurso jurídico con el fin de frenarla.
Sin embargo, Trevor McFadden, un juez federal, ha decidido no conceder la solicitud de varias organizaciones de derechos humanos para bloquear la implementación de estos requisitos, según informó CNN.
En su fallo, McFadden argumentó que los perjuicios alegados por los demandantes eran demasiado especulativos y que no se había demostrado que estas medidas de erosión serían sus misiones fundamentales.
Este registro ampliado, que no permite comentarios públicos antes de su entrada en vigor, ha sido equipado con políticas pasadas históricamente restrictivas que se implementaron durante la Segunda Guerra Mundial.
Los grupos demandantes, incluyendo la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CASA), Make the Road New York y United Farm Workers, han argumentado que la regla viola la Ley de Procedimiento Administrativo, pues genera confusión y amenaza a las libertades civiles.
Además, advierten sobre el potencial de perfil racial y los riesgos legales para los inmigrantes. Estas organizaciones habían presentado demandas en un intento por proteger lo que consideran derechos fundamentales de los inmigrantes y evitar que se criminalice aún más su existencia en el país.
Sin embargo, con el fallo de McFadden, ahora se enfrenta al desafío de cómo adaptarse y responder antes de la implementación inminente de la regla. El contexto de esta decisión se ve influenciado por un ambiente político cargado y por políticas migratorias previas.
La administración actual ha sido especialmente vigorosa en la aplicación de leyes migratorias, lo que ha incluido una serie de medidas que han reconfigurado el panorama legal para los inmigrantes en Estados Unidos.
Estados Unidos revisará redes sociales para aprobación de visa americana
En un cambio radical en su estrategia migratoria, la administración del presidente Donald Trump ha instruido a sus embajadas y consulados a escala mundial a llevar a cabo una “revisión minuciosa” de las redes sociales de los solicitantes de determinadas visas, con la finalidad de detectar posibles “sentimientos antiestadounidenses o antiisraelíes”.
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Esto causa polémica e inquietud por la libertad de expresión, se enfoca en primer lugar en jóvenes que buscan conseguir visas de tipo F (estudios académicos), M (estudios vocacionales) y J (programas de intercambio). No obstante, el extenso lenguaje educativo permite una ampliación de esta supervisión digital a otras clases de visado.
Un anuncio emitido por el Departamento de Estado, del 31 de marzo pasado y al que ese medio tuvo acceso, especifica la nueva demanda para los empleados consulares.
“Solicitud de acción: revisión mejorada y verificación de redes sociales para solicitantes de visa. Con efecto inmediato, los funcionarios consulares deben remitir a ciertos solicitantes de visa de estudiante y visitante de intercambio (F, M y J) a la Unidad de Prevención de Fraude (FPU) para una verificación obligatoria de redes sociales, como se describe a continuación”, se lee en el documento.
La medida hace referencia a recientes declaraciones del ex secretario de Estado, Marco Rubio, quien subrayó que las visas son un “privilegio”, además de dos órdenes ejecutivas firmadas por el entonces mandatario Trump.
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