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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de velar por los derechos de los consumidores de productos, artículos, servicios y alimentos en Colombia.
(Lea también: Posible engaño en el arroz, panela y más productos que compran colombianos; SIC investiga)
También protege la libre competencia entre empresas, vela por los datos personales de clientes y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales.
La protección al consumidor comprende el conjunto de normas que regulan las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores y expendedores.
Por ello, cuando se hallan irregularidades como publicidad engañosa, productos que atenten contra la salud o seguridad de consumidores, entre otros inconvenientes, la SIC puede abrir una investigación a las empresas involucradas y después imponer una sanción.
Pero, también está a cargo de que los productos promocionados y vendidos por redes sociales cumplan con estándares de calidad e Invima u otros certificados para poder ser considerados seguros.
Ha sucedido que ‘influenciadores’ promocionan sus propios artículos o servicios incurriendo en fallas como publicidad engañosa omitiendo la veracidad de los ingredientes con que fue compuesto ese producto e inducir a la confusión.
¿Puede presentar quejas de un servicio o estafa ante la SIC?
Sí, la SIC es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia que dirige las controversias que se presenten ante afectaciones de derechos particulares del consumidor.
(Vea también: Cómo un consumidor puede presentar una queja a la Superintendencia de Industria y Comercio)
Es decir, si usted desea, por ejemplo, comprar un aguardiente de cierta marca específica y referencia como el Real Antioqueño, el cual especifica cuántos grados de alcohol tiene, su contenido y valor, pero a la hora de consumirlo halla que algo es distinto o no es cierta la información proporcionada deberá demostrar, con fotos y una carta, cuál es el problema.
Cada caso que le llega a la entidad es estudiado en un tiempo estimado y según las evidencias o soportes se toma una decisión para que los derechos del consumidor no se vean vulnerados.
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