Violencia en las sombras: el caso que expone la desprotección y los retos de la justicia para los habitantes de calle en Colombia

El caso de Jhon Heider García González, detenido tras haber atacado y asesinado a una persona en condición de calle entre Manizales y Chinchiná, revela las complejidades sociales y judiciales implicadas en la protección de poblaciones vulnerables en Colombia. Durante la madrugada del 11 de junio del 2025, García González agredió a dos hombres: Wilmar Carvajal Franco, conocido como "el Zarco", quien perdió la vida tras ser herido con una piedra y posteriormente quemado, y Fernando Calderón, que sobrevivió a una agresión con arma blanca y una piedra en circunstancias relacionadas con la supuesta sustracción de plátanos, según la acusación reseñada en la nota original.

Este acontecimiento evidenció la extrema vulnerabilidad en la que viven los habitantes de calle en el país. De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Drogas y los análisis del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza, el desplazamiento interno y la exclusión social han incrementado el número de personas sin hogar que, a menudo, carecen del respaldo institucional y social necesario para su protección. Informes emitidos en 2024 por la Alcaldía de Manizales y organizaciones no gubernamentales de la zona destacan que, aunque la ciudad es intermedia, enfrenta retos significativos al diseñar e implementar políticas sociales destinadas a quienes viven en la calle. Estos desafíos y riesgos hacen urgente un debate social sobre las condiciones estructurales que permiten actos de violencia extrema contra grupos marginados.

En el análisis judicial, el tratamiento del caso recalca cómo se estructura la respuesta estatal ante crímenes contra quienes poseen una alta vulnerabilidad. García González, al entregarse voluntariamente para uno de los delitos, obtuvo una reducción del 50% en la sanción, mientras que para el segundo delito negó cargos y su causa será definida en juicio, lo que genera preguntas sobre cómo se interpretan y aplican las sanciones en Colombia, y sobre la eficacia de modelos como la justicia restaurativa frente a la punitiva, según información del Ministerio de Justicia.

Expertos en criminología citados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido que los delitos perpetrados contra habitantes de calle suelen tener altos índices de impunidad y escaso reconocimiento judicial. Estas situaciones exigen políticas integrales que conjuguen salud mental, asistencia social y vigilancia comunitaria, así como reformas permanentes, un punto crucial que intenta abordar, aunque aún de manera insatisfactoria, tanto el Ministerio de Justicia como el Instituto Nacional Penitenciario, según sus reportes anuales.

La descripción de la agresión, expuesta por la Fiscalía, muestra la magnitud y brutalidad del caso, en tanto que evidencia la urgencia de reforzar los protocolos de asistencia inmediata y protección hacia quienes se encuentran en situación de calle. Medios internacionales como The Guardian y Reuters han recalcado en sus reportajes sobre derechos humanos y justicia social la necesidad de implementar campañas de sensibilización orientadas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de toda persona, independientemente de su condición.

Desde la perspectiva del periodismo de investigación, resulta indispensable que el seguimiento de este caso se apoye en análisis estructurados y el uso de bases de datos y registros judiciales. Esto permitiría identificar patrones de violencia recurrentes y profundizar en el conocimiento de las realidades que enfrentan los habitantes de calle, un enfoque sugerido por analistas y expertos en metodología periodística. Este tipo de cobertura puede lograr que sucesos como el ocurrido entre Manizales y Chinchiná sean entendidos como parte de una problemática mayor y contribuyan a la construcción de políticas públicas más inclusivas y efectivas para proteger a los grupos vulnerables del país.

¿Qué implica la justicia restaurativa en casos de violencia contra personas en situación de calle? La justicia restaurativa busca reparar el daño causado por un delito mediante el diálogo entre víctima y victimario, diferente a la justicia punitiva, que solo sanciona con penas privativas de libertad. En el contexto colombiano, esta modalidad ha sido promovida como medio para disminuir la reincidencia y generar soluciones más integrales en torno al hecho victimizante. Sin embargo, numerosos informes han advertido sobre la dificultad de implementar procesos restaurativos cuando las víctimas pertenecen a grupos altamente marginados, quienes muchas veces carecen de representación o apoyo efectivo. El caso de Jhon Heider García González muestra cómo este debate sigue vigente.

La discusión se mantiene especialmente relevante ante la frecuencia de crímenes contra habitantes de calle, quienes suelen enfrentarse a barreras institucionales para acceder a la justicia. Analizar la pertinencia de métodos como la justicia restaurativa en este contexto ayuda a entender los límites y desafíos que enfrenta la justicia colombiana para reparar y prevenir nuevas violencias.

¿Por qué las personas en situación de calle enfrentan mayores riesgos de violencia? Las personas en situación de calle están expuestas a amenazas constantes derivados de la falta de vivienda, protección estatal y redes familiares o comunitarias. Factores como la pobreza extrema, efectos del desplazamiento y escaso acceso a servicios de salud incrementan su vulnerabilidad frente a la violencia física y psicosocial, tal como lo muestran informes oficiales y reportes de prensa recientes.

Esta realidad se agrava por los prejuicios sociales que frecuentemente estigmatizan a este grupo, convirtiéndolos en blancos de agresiones que, en ocasiones, quedan en la impunidad. Por tanto, resulta necesario reforzar las rutas de atención y protección, así como impulsar campañas de educación que reduzcan el estigma social y fortalezcan la solidaridad y el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos.