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El transporte privado a través de plataformas digitales sigue siendo objeto de debate legal, especialmente en comparación con los servicios tradicionales.
A pesar de su popularidad por la comodidad que ofrecen a los usuarios, los conductores de plataformas como Uber, Cabify, Didi, Picap e InDriver enfrentan importantes restricciones y sanciones en el país.
(Vea también: Usar Uber, DiDi y otras ‘apps’ sería más caro en Colombia; taxistas recibirían contentillo)
Tanto conductores como pasajeros continúan utilizando estas alternativas en las calles del país. Sin embargo; los conductores deben asumir riesgos, siendo la multa D12 una de las sanciones más comunes y severas.
Esta penalidad económica, estipulada en el Código Nacional de Tránsito, puede alcanzar hasta 30 Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes (SMLDV), equivalentes a aproximadamente $ 1’300.000 pesos.
En cuanto a las multas, el artículo 131 del mismo código clasifica las infracciones según su gravedad, asignándoles un costo basado en los salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).
Estas cifras corresponden al 2024 y están sujetas a cambios anuales. Además de la multa, las consecuencias incluyen la inmovilización del vehículo por cinco días en la primera infracción. Si el conductor reincide, el plazo puede extenderse a 20 días y, en una tercera ocasión, a 40 días.
Dependiendo del nivel de alcoholemia y las circunstancias, las multas pueden oscilar entre $ 3’900.000 y $ 62’400.000, reflejando la gravedad de esta conducta para la seguridad vial.
Estas sanciones suelen aplicarse porque los conductores particulares no están registrados ni homologados ante el Ministerio de Transporte, lo que también expone a los propietarios de los vehículos.
La controversia entre estas plataformas y los taxistas se intensifica debido a los costos asociados a los “cupos” que deben adquirir los taxistas para operar, un gasto que las aplicaciones no exigen.
Aunque las autoridades trabajan en regulaciones más claras, los conductores de plataformas siguen enfrentándose a un panorama incierto, con riesgos legales y económicos significativos.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades colombianas por establecer una regulación más clara y específica para el funcionamiento de las plataformas de transporte, hasta ahora no se ha alcanzado una solución definitiva.
Esto implica que los conductores de servicios como Uber, Cabify, Didi y otras aplicaciones continúan expuestos a sanciones como la Multa D12, lo que representa un desafío tanto económico como operativo para su actividad.
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