Lo que sigue en el proceso de Mancuso, después ser oficializado como gestor de paz

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso entró a engrosar la lista de gestores de paz del Gobierno después de que el presidente Gustavo Petro firmara la resolución 244 con fecha del 14 de agosto que confirmó esa designación para el extraditado exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Ya Petro habría anunciado que Mancuso sería uno de sus gestores de paz y con el documento quedó oficializado que el exjefe paramilitar entró a la lista de figuras cuestionadas, como quienes encabezaron el Paro Nacional, que tendrán un puesto dentro de la paz total de Gobierno.

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El objetivo de esa tarea para Mancuso es que desde su asiento “contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos criminales que actúen en el territorio nacional”. Una tarea en la que, en todo caso, tiene experiencia tras haber sido el cabecilla de un grupo desmovilizado.

A Mancuso esa designación le trae beneficios, pues los gestores de paz reciben un pago de un millón de pesos mensuales y a partir de la firma de la resolución el Gobierno podrá pedir “la suspensión de las medidas judiciales vigentes en contra de Mancuso”.

Actualmente, el exjefe paramilitar está detenido en Estados Unidos y el Gobierno ya había iniciado los trámites para solicitar su extradición a Colombia, donde tiene pendientes con la justicia y está intentando acogerse a la JEP.

Una vez esté en el país, Mancuso firmará un acta ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz donde se comprometerá a asistir a las diligencias judiciales en Colombia y a rendir informe sobre las actividades que desarrolle como gestor de paz.

“El incumplimiento de los compromisos adquiridos dará lugar a la revocatoria de la designación como gestor de paz y, en consecuencia, la reactivación de las medidas penales”, se determina en la resolución.

El decreto 2422 de 2022 se contemplaba el nombramiento de varios miembros de la denominada Primera Línea como gestores de paz. Entre estos estaba Sergio Andrés Pastor, alias 19, quien fue condenado por tortura y concierto para delinquir por sus acciones durante el paro nacional y sirvió como líder del grupo ‘Resistencia Portal Américas’. Sin embargo, el Gobierno tuvo que echarse para atrás en esa designación porque él no cumplía los requisitos.

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Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada empresaria Enilce López, alias ‘la Gata’, había sido designado como facilitador de paz del Gobierno. De cuenta de esa designación, su defensa había pedido que lo dejaran en libertad, pero al final el Gobierno también desistió de tenerlo entre sus voceros de la paz total.

La Ley 0418 de 1997 contemplaba la suspensión de órdenes de captura en contra de miembros de grupos armados que adelanten tareas propias de procesos de paz, que sean acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas.