“Solo a 4.000 personas”: Cabal le recordó a Petro la promesa (de plata) que incumplió

Este primero de septiembre, el Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, presentó ante la Cámara de Representantes una nueva reforma tributaria que busca recaudar $ 26,3 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, estimado en $ 556,7 billones.

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La propuesta ha desatado críticas, especialmente de la senadora María Fernanda Cabal, quien acusó al presidente Gustavo Petro de incumplir su promesa de campaña de 2022, cuando afirmó que solo subiría impuestos a las “4.000 personas más ricas de Colombia”. 

En un mensaje en X, Cabal citó un trino de Petro y exclamó: “¡Mintió!”, señalando que la reforma afecta a todos los ciudadanos.

Durante la campaña de 2022, Petro prometió que su reforma tributaria solo gravaría a las 4.000 personas más ricas, una estrategia para financiar programas sociales sin afectar a las clases medias y bajas. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 disparó el gasto público, con transferencias que alcanzaron los $ 40 billones en 2020, aumentando el déficit fiscal al 7,1 % del PIB en 2025, según la Contraloría General.

Reforma tributaria de Gustavo Petro: ¿qué impuestos propone?

La reforma propone medidas que elevarían el costo de vida para amplios sectores de la población. Una de las más polémicas es el aumento del IVA a los combustibles fósiles, que llevaría la tarifa de la gasolina del 5 % al 10 % en 2026 y al 19 % en 2027, mientras que el ACPM alcanzaría el 19 % en 2028. 

Esto incrementaría el precio del galón de gasolina en $ 466 y el de ACPM en $ 256, según el Ministerio, afectando a consumidores y sectores como el transporte, que mueve el 80 % de las mercancías del país.

 

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Además, la reforma ajustaría el impuesto al consumo de licores, lo que, según la representante Katherine Miranda, podría encarecer una cerveza hasta en un 60 %. 

También se propone elevar el IVA de los vehículos híbridos  del 5 % al 19 %, lo que haría que un carro de $ 100 millones pase a costar $ 113,3 millones.

Otra medida controversial es que las iglesias comenzarían a pagar impuesto de renta, rompiendo con su exención histórica.