Fuerte regaño a director de la CAR por frenar financiación para recuperar el río Bogotá

El procurador general le llamó la atención a Néstor Franco y le aclaró que el proyecto no se puede paralizar por la sanción que le impuso el órgano de control.

Por eso, el Ministerio Público anunció que la próxima semana convocará dos mesas de trabajo para evaluar el avance de la descontaminación del río Bogotá.

La primera de las dos mesas de trabajo que convocará la Delegada para la Conciliación Administrativa la próxima semana, será con las cabezas del DNP y la EAAB al frente del proyecto de descontaminación del río Bogotá, y la segunda con el Consejo Directivo de la CAR.

El jefe de la entidad, Fernando Carrillo, reprochó la actitud del funcionario:

“El Ministerio Público continuará su vigilancia para que los ciudadanos que hacen los aportes a la CAR, para la financiación de estos proyectos, no vean frustrados sus derechos constitucionales a la salubridad, saneamiento y acceso al agua potable”, puntualizó Carrillo.

La respuesta de la Procuraduría llegó luego de que Franco advirtiera que no firmaría la financiación para el proyecto luego de ser destituido e inhabilitado por 10 años por esa misma entidad.

El Ministerio Público también recalcó que “los compromisos fueron adquiridos por la CAR y otras entidades a título institucional, y no personal”; atendiendo una orden del Consejo de Estado, que en marzo de 2014, falló una acción popular y estableció la implementación de medidas para la descontaminación del río Bogotá y la protección del cauce a futuro.

Según el informe, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entidad que realizó los estudios técnicos preliminares y primarios para construir la PTAR Canoas, el trámite para la contratación de la planta, previsto para 2020, está en curso, de acuerdo con la planeación diseñada.

Cabe recordar que los recursos comprometidos para la construcción de la PTAR Canoas provienen no solo de la CAR Cundinamarca, sino de aportes del Gobierno Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entidades que se han comprometido con la ejecución de este proyecto.