La Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión que tenía por tres meses Alfredo Saade, exjefe de Despacho del Gobierno Petro, por presunta participación en el escándalo por irregularidades en el proceso de licitación para la expedición de los pasaportes.

La suspensión, que se había anunciado en agosto, derivó de unas supuestas extralimitaciones de Saade en su cargo, relacionadas con órdenes a colaboradores del Ministerio de Relaciones Exteriores para racionalizar la asignación de citas para la expedición de las libretas.

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No obstante, el órgano de control comprobó que dichos servidores no estaban a cargo de Saade en calidad de subalternos.

Adicionalmente, indicaron que el exjefe de Despacho había tomado “decisiones fuera del ámbito de su competencia sobre asuntos relacionados con pasaportes, tales como convocar a reuniones y emitir instrucciones sobre la contratación con este propósito. Además de acusar a funcionarios de la Cancillería de tener intereses particulares a favor de Thomas Greg”.

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Ante de la decisión, Alfredo Saade se pronunció por medio de su cuenta en X: “Esta decisión confirma lo que siempre he sostenido: no me aferro a los cargos ni a los privilegios, porque mi compromiso es con el país, con el poder popular y con la transparencia en el servicio público, y queda demostrado que desde el 1 de septiembre se siguen entregando los pasaportes a los colombianos y en ningún momento se han dejado de entregar».

Y agregó que está dispuesto a comparecer ante los escenarios correspondan y a demostrar que no ha incurrido en ninguna falta disciplinaria.

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Otros investigados por el escándalo de los pasaportes

La Procuraduría también ordenó investigación disciplinaria contra Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, ambos excancilleres, por las presuntas irregularidades en la emisión de pasaportes de los colombianos.

En el caso de Sarabia, el organismo de control dijo que la exministra habría conocido en abril de 2025 que el cronograma propuesto era inviable para la implementación del nuevo modelo, con ocasión del proceso adelantado con la Casa de la Moneda de Portugal, así como la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional.

Mientras que Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024.