Amenazó a un policía con un cuchillo, pidió perdón y evitó ir a prisión: el giro judicial del caso Johan Alexis

Un reciente caso registrado por el medio La Patria evidencia los desafíos a los que se enfrenta la autoridad en situaciones de alteración del orden público. La secuencia comenzó cuando la Policía llegó a intervenir en un altercado y Johan Alexis, sin camisa y blandiendo un cuchillo, amenazó directamente a uno de los uniformados, advirtiendo que podía apuñalarlo. La tensa confrontación terminó una vez que los agentes utilizaron una pistola taser para reducirlo, neutralizando así el peligro y evitando consecuencias mayores tanto para el implicado como para los funcionarios policiales.

El episodio derivó en un proceso judicial. Johan Alexis fue procesado bajo cargos de violencia contra servidor público, una figura penal que protege a quienes ostentan labores oficiales, como los agentes de Policía, frente a agresiones que ocurran durante el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el caso tomó un giro relevante cuando, en el transcurso de la semana, se le concedió al acusado el llamado principio de oportunidad. Esta figura jurídica permite la suspensión del proceso, o incluso el archivo definitivo del caso penal, bajo la condición de que el implicado asuma ciertos compromisos, generalmente enfocados en la reparación del daño ocasionado.

Como parte de este acuerdo, Johan Alexis debió indemnizar al policía ofendido con un monto de un millón de pesos. Además, tuvo la obligación de presentar disculpas públicas durante la audiencia, en la que manifestó su compromiso de no reincidir y mostró arrepentimiento genuino por los hechos, tal como registró La Patria. “Me comprometo en que no vuelve a pasar, respeto a la autoridad”, afirmó el implicado en la diligencia y también dentro de las instalaciones del Comando de Atención Inmediata (CAI), reforzando así su actitud de reparación y contrición.

Al cumplir con estos compromisos, Johan Alexis evitó enfrentar una condena penal que podría haber iniciado en cuatro años de privación de la libertad, según lo dispuesto para este tipo de delitos. El principio de oportunidad, en este contexto, representa una herramienta a disposición del sistema judicial para priorizar la reparación integral y la reconciliación entre las partes, en lugar de optar automáticamente por la sanción carcelaria. Este caso ilustra cómo los mecanismos alternativos de resolución de conflictos penales pueden contribuir a la pacificación y la restauración social, dando prelación al resarcimiento del daño sobre la mera aplicación del castigo, siempre que exista un reconocimiento claro del error y un compromiso de no repetición.

¿Cómo funciona exactamente el principio de oportunidad en el sistema judicial colombiano?

El principio de oportunidad es un mecanismo contemplado en la legislación penal colombiana que brinda a fiscales la facultad de suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal cuando se cumplen ciertos requisitos previamente establecidos. Su propósito central es privilegiar la reparación a la víctima y la reintegración social del infractor, siempre bajo estrictos controles y condiciones. En asuntos como el expuesto por La Patria, este mecanismo permite a los procesados asumir compromisos como la indemnización y la disculpa pública a cambio del archivo del caso, buscando soluciones menos gravosas y una justicia más restaurativa.

Su aplicación, no obstante, es restringida y evaluada caso a caso, pues existen delitos en los que no procede debido a su gravedad o a la afectación de intereses colectivos. El objetivo fundamental radica en descongestionar los juzgados y propiciar resoluciones más ágiles y satisfactorias para las partes afectadas, sin que ello signifique impunidad. Así, el principio de oportunidad se convierte en una alternativa que, bajo supervisión judicial, intenta asegurar justicia efectiva y mecanismos de reconciliación.