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El Congreso aprobó la ley 2388, que garantiza los derechos y responsabilidades en familias de crianza, promoviendo una sociedad más inclusiva y equitativa.
El Congreso de la República expidió recientemente la ley en la que se reconocen plenamente los derechos de los hijos de crianza en Colombia.
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El objetivo principal de esa ley es establecer la naturaleza, los derechos y las responsabilidades entre los integrantes de una familia de acogida o de crianza, garantizando la protección y el reconocimiento legal de las relaciones afectivas que se desarrollan más allá del vínculo biológico.
De acuerdo con el abogado de familia Jimmy Jiménez del bufete Integrity Legal, “esta ley es de suma importancia. Es un paso muy grande en la legislación colombiana ya que, con esta normativa, el país progresa hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, donde se valora y protege todas las formas de familia”.
Con la nueva norma se buscan establecer los derechos y deberes para los menores de edad, quienes usualmente son los más afectados en cuestiones legales de familia. A partir de este momento, tendrán beneficios y cobertura en todos los aspectos, como sucesiones, pensional, cuotas alimentarias, régimen de visitas, beneficios laborales y de seguridad social, entre otros, según lo estipulado dentro de esta legislación.
La ley modifica varios artículos del Código General del Proceso, del Código Civil e incluso de la ley 100, para garantizar total cobertura de los derechos de hijos de crianza. La ley 2388 de 2024 marca un progreso importante en el reconocimiento de los hijos de crianza en Colombia ya que iguala sus derechos con los de los hijos biológicos, fomenta la inclusión y reconoce las diversas estructuras familiares presentes en la sociedad.
Este proceso se puede tramitar ante notaría o por la vía judicial, a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, en el cual se valorarán las pruebas encaminadas a demostrar que la familia haya garantizado los derechos del hijo de crianza como mínimo durante cinco años en todos los ámbitos: moral, económico y social, respaldado con las pruebas que ordena la ley.
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