Por tres vicios "insubsanables", escuderas del uribismo demandan la "paz total" de Petro
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Visitar sitioLas senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín demandaron esta Ley del Gobierno por irregularidades, ante la Corte Constitucional.
Las senadoras del partido de oposición Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, radicaron demanda en contra de la Ley de ‘Paz Total’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Argumentan tres vicios “insubsanables” de procedimiento inconstitucional. Primero, no tuvo concepto del Consejo Superior de Política Criminal. Segundo, no tiene consecutividad. Y tercero, no respeta el derecho a la igualdad de las víctimas.
“Consideramos que la Constitución Política de Colombia debe ofrecerle garantías a las víctimas que tiene el Estado colombiano la obligación, que además es convencional, de investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia”, dice la senadora María Fernanda Cabal.
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Por su parte, la senadora Valencia asegura que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está utilizando indebidamente las facultades de la Ley.
“Sacó con base en esa Ley las facultades para liberar a la primera línea y no se le puede olvidar a los colombianos. No se le puede olvidar a los colombianos esos dos artículos, precisamente, que decían lo que están haciendo hoy en día los votó negativamente el Congreso, que dijo no va haber libertad para los integrantes de la primera línea”, dijo la congresista Paloma Valencia.
Finalmente, la senadora Paola Holguín afirma que el gobierno Petro desconoció el diseño institucional y las reglas para la formación de las leyes.
“El artículo 167 de la Ley 65 y el Decreto 2055 de 2014 exigen concepto previo al Consejo de Política Criminal para la Ley de paz total. Una sentencia de la Corte Constitucional fue clara, que era obligación del Congreso hacer cumplir la solicitud del concepto sopena de dar invalidez de las normas que generaban”, indicó Holguín.
La Ley de ‘Paz Total’ aprobada por el Congreso de la República le da soporte jurídico al presidente Gustavo Petro de adelantar negociaciones con grupos alzados en armas para lograr acuerdos y terminar con la violencia en el país.
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