En casa por cárcel sigue exalcalde investigado por contrato que afectó a estudiantes

El exalcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía fue cobijado con una medida de aseguramiento con detención domiciliaria por la investigación en la que fue señalado de corrupción en un contrato dirigido a los colegios públicos de Valledupar en el año 2019.

Sin embargo, la decisión no cambiará la realidad del exmandatario, pues ya estaba privado de la libertad en su casa por una condena proferida en su contra en primera instancia por el delito de corrupción al sufragante.

No obstante, ahora Augusto Daniel Ramírez deberá afrontar este tercer proceso penal en su contra por los delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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Junto a él también lo hará con detención domiciliaria su exsecretario General, José Juan Lechuga Zambrano, mientras que el exsecretario de Educación, Luis Carlos Matute de la Rosa, afrontará el caso en libertad.

La juez también cobijó con detención domiciliaria a los contratistas Carlos Daniel Trespalacios Carreño y César González Armenta.

El proyecto

Según la Fiscalía 12 seccional, los procesados ocasionaron un detrimento patrimonial mediante un contrato dirigido a los estudiantes de 11 grado por pagar exuberantes sumas de dinero por herramientas de trabajo, transporte y honorarios.

Por ejemplo, por el alquiler de cuatro video beams por 320 horas pagaron $ 32.000.000 , es decir a $ 100.000 la hora; por el alquiler de cuatro computadores portátiles por 320 horas pagaron $ 40.000.000, es decir $ 125.000 la hora, y por el alquiler de cuatro amplificadores de sonido por 320 horas pagaron $ 44.800.000.

De igual manera, reportaron que a  cuatro de las personas contratadas les pagaron $ 62 millones por honorarios, pero una de ellas aseguró que lo recibido fueron unos $ 3.000.000.

Al respecto, el exmandatario Augusto Ramírez Uhía manifestó que él delegó a la Secretaría General para hacer ese contrato por sus múltiples funciones y que el operador del mismo deberá entregar cuentas.

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“Tendrá en su momento procesal que manifestar el señor operador si en cumplimiento de esta actividad cuál es el precio que debió pagar para los servicios técnicos de video beams, de portátiles, de sonido, de instalación y transporte, de desinstalación, a un corregimiento alejado como Chemesquemena, Guatapurí o Guaymaral. Será en la instancia procesal donde se tendrá que definir toda esta situación”, dijo el exalcalde, quien afirmó que el proyecto se llevó hasta los corregimientos.