Señalan que empresa de carrotanques en La Guajira es de papel; enviaron primera factura

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No paran los cuestionamientos al proceso de contratación para comprar 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira.

No paran los cuestionamientos al proceso de contratación para comprar 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira, que está en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Al hecho de que estuvieron un mes parqueados y sin repartir agua en ese departamento, ahora se suman las preguntas sobre la experiencia de la empresa contratista, llamada Impoamericana Roger SAS.

Según reveló la periodista Paula Bolívar en W Radio, la primera vez que esa compañía emitió una factura electrónica a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue, precisamente, para esta contratación, cuyo valor ascendió a más de $ 46.000 millones.

Ese documento de compra con el Fondo de Gestión del Riesgo no tendrían todos los costos adicionales del proceso de venta.

De hecho, en la factura electrónica dada a conocer por la W Radio consta que no pagó las obligaciones tributarias referentes al rete-ICA, rete-Fuente y rete-IVA.

No obstante, esos valores sí se expusieron en otro documento que presentaron para el proceso sin la numeración ni el código QR que exige la Dian, en donde mostraron que por la retención en la fuente pagaron $ 983 millones, por rete-ICA $ 393 millones y de rete-IVA $ 1.120 millones.

(Vea también: La Guajira recibiría empujón de Luis Carlos Sarmiento para mejorar acceso a agua potable)

En ese sentido, queda en el aire la duda de si —con estas inconsistencias— esta contratista es una empresa de papel a la que se le entregó tamaña responsabilidad que hoy está en segundo plano.

Por este escándalo, la Contraloría citó a versión libre al director de la UNGRD, Olmedo López, quien también fue citado por el representante a la Cámara Duvalier Sánchez a un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y hasta la Fiscalía abrió una investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema.

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