¿Indígenas que atacaron a policías podrían zafarse de la justicia?; tienen su propia ley
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El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Visitar sitioSe abre el debate sobre si en hechos como los sucedidos este miércoles 19 de octubre debe actuar la justicia ordinaria o la jurisdicción indígena.
(Vea también: “Se encuentran estables”: alentador parte médico de policías agredidos por indígenas)
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El ministro de Defensa Iván Velásquez aseguró en su cuenta de Twitter que los hechos de violencia injustificada que protagonizaron varios representantes de la comunidad indígena deben ser penalizados. El presidente Gustavo Petro también se sumó a ese mensaje de rechazo recalcando que: “Todo miembro de la Policía, todo funcionario público, igual que toda persona, es sujeto de derechos humanos. Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía”.
¿Quién debe juzgar a los indígenas?
Según el penalista Oswaldo López Santos, en este tipo de casos la justicia ordinaria, contemplada en la Ley 906 de 2004 y Ley 599 de 2000, prevalece sobre la jurisdicción especial indígena, pues las víctimas no pertenecen a la comunidad embera y los acontecimientos no se desarrollaron en territorio reservado para uso de los pueblos indígenas.
Por otra parte, el penalista Carlos Gilberto Gómez afirma que los capturados deben ser procesados con la justicia ordinaria porque: “una cosa es que sus tradiciones ancestrales permanezcan con ellos en sus comunidades y territorios indígenas, y otra muy distinta, que cuando migran pueden imponerse las mismas a las sociedades mayoritarias mestizas”.
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Los casos que más han indignado a los ciudadanos son el de un agente que fue golpeado cuando se encontraba en el piso y el de una patrullera que fue golpeada y arrastrada dentro de la estación de Transmilenio Museo del Oro. Los acontecimientos que han sido condenados por las autoridades están en proceso de investigación.
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