¿Ensucian la paz con corrupción?; advierten de los riesgos en su implementación

Luego de que se denunció el desvío de recursos de la implementación de los acuerdos de paz, Transparencia por Colombia mostró su preocupación por los casos de corrupción en un tema de transcendencia nacional. 

Con ese escenario, la entidad expuso los riesgos de corrupción identificados y manifestó que hay un acceso limitado a la información sobre presupuestos, proyectos y contratos de las acciones relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz.

Con esa situación, la dispersión en múltiples plataformas, la falta de claridad sobre los costos y fuentes de la financiación y la baja calidad de la información contractual son “una barrera para el control ciudadano”.

Por otro lado, las modalidades de contratación directa y régimen especial son predominantes en los procesos de contratación relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz.

En ese sentido, Transparencia dice que los contratos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz en los municipios PDET se ejecutan principalmente por vía de las modalidades de contratación directa (4927 contratos, que representan el 65,2% del total), régimen especial (1440 contratos, que equivalen a 19,06%) y mínima cuantía (867 contratos, con 11,47% del total).

Así mismo, otro lío es la alta discrecionalidad en la destinación de recursos y en la adjudicación de contratos, pues esto puede llevar a irregularidades como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, y/o firma de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Además, la entidad señala que no es posible hacer seguimiento a los recursos de inversión provenientes de fuentes como el Sistema General de Participaciones (SGP), cooperación internacional e inversión privada destinados a la implementación del Acuerdo de Paz, lo que complica el seguimiento a los procesos y procedimientos de asignación.

Finalmente, Transparencia por Colombia dice que le preocupa la capacidad de las entidades territoriales en la implementación para operar los diferentes proyectos y dar seguimiento permanente a los bienes y servicios contratados para su ejecución, “particularmente en las subregiones más afectadas por el conflicto”.