Petro se negaría a retractarse por tirarle a exfuncionarios de Santos; fallo lo obligaría

Este martes se conoció que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado le pidió a la Corte Constitucional que revoque la tutela del Consejo de Estado que salió a favor de los exfuncionarios del Gobierno Santos, Rafael Pardo y Eduardo Díaz, según reveló el diario El Tiempo.

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En su momento, los exfuncionarios radicaron una tutela a finales del año pasado en la que le pidieron una retractación pública del presidente Gustavo Petro.

El mandatario dijo en un evento público que “la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno Santos es un antro de corrupción”.

Por esa razón, el Gobierno, a través de la Agencia Jurídica del Estado, solicitó al alto tribunal que revoque la tutela a favor de Rueda y Díaz. En el caso de Rueda, excandidato presidencial liberal que se desempeñó como alto consejero para el posconflicto y Díaz como director del PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito).

Gustavo Petro tendría que retractarse, según Consejo de Estado

Como respuesta a la tutela, el Consejo de Estado le ordenó a la Presidencia de la República que respondiera en 48 horas a una petición que ambos le elevaron al jefe de Estado a través de la red social X, que es la favorita del mandatario.

“Dicha red social ha sido utilizada con frecuencia por la autoridad enjuiciada no solo para difundir información, sino también para interactuar con los usuarios de la misma, a través de la contestación/replica a publicaciones, lo que denota el cumplimiento de los requisitos para que la presentación de peticiones/solicitudes a través de dicha red social”, señaló el alto tribunal.

¿Qué argumentos da el Gobierno para no cumplir el fallo?

El punto central de la discusión jurídica, es que El Gobierno pide que se revoque el fallo que obligaría a la Presidencia a responder a peticiones de redes sociales “pues extienden el alcance del derecho de petición a supuestos fácticos no previstos por la jurisprudencia constitucional, con lo cual se causa agravio a la función administrativa del Jefe del Ejecutivo, pues se la confunde con los espacios de libre expresión del Presidente de la República”, advirtió la Agencia Jurídica del Estado en el texto revelado por ese medio.

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“De aceptarse la tesis de los jueces de instancia, el presidente de la República -incluido el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República- se vería en la imperiosa necesidad de suspender el uso de los canales de divulgación y opinión personales, cercado por la amenaza de que cualquier réplica ciudadana, cualquier reparo, comentario, exigencia, observación o requerimiento tendría que ser tramitado como un derecho de petición”, agrega el Gobierno.

El debate deberá ser analizado por una sala de selección de la Corte Constitucional.

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