“Papá Pitufo”: claves de la acusación al “zar del contrabando” y el suspenso por su extradición

La Fiscalía General de la Nación formalizó este jueves 13 de noviembre la acusación contra Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo” y considerado el “zar del contrabando” en Colombia, por los supuestos delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar u ofrecer. De acuerdo con El Espectador, este paso crucial dentro del proceso penal se llevó a cabo en el despacho del juez quinto especializado de Bogotá, y marca un avance significativo en el caso abierto contra Marín Buitrago, quien permanece detenido en Portugal. Aunque el gobierno portugués ya concedió vía libre para su extradición, la justicia de ese país aún debe decidir sobre una solicitud de asilo interpuesta por el acusado, lo cual mantiene en suspenso su retorno a Colombia para ser juzgado presencialmente.

Durante las indagaciones, la Fiscalía ha logrado demostrar que, entre 2023 y 2024, Marín Buitrago habría entregado sobornos por más de 1.019 millones de pesos colombianos a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), especialmente en los puertos de Cartagena y Buenaventura. Estos sobornos —entregados en efectivo, teléfonos celulares y hasta vehículos— buscaban que los funcionarios permitieran la operación de su red ilegal de contrabando. Las pruebas incluyen documentos que registraron trece entregas de dinero por un valor de 915 millones y cuatro eventos adicionales con otros objetos valiosos. Marín Buitrago fue declarado en contumacia —es decir, en rebeldía— lo que ha permitido el avance procesal aún en su ausencia física, y el inicio de las audiencias preparatorias al juicio quedó programado para el 23 de febrero de 2026.

Según la fiscal 44 especializada encargada del caso, la organización criminal supuestamente liderada por Marín Buitrago operaba a través del contacto directo y por intermediación, para cooptar funcionarios de la Polfa y garantizar el ingreso de mercancía de contrabando como cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos por los principales puertos colombianos. Se documentaron 17 reuniones en las que se habrían pactado estos actos ilícitos. El modus operandi mantuvo su vigencia con los cambios dentro de la Polfa, ya que el acusado intentó incorporar a los nuevos funcionarios ofreciendo sobornos para asegurar la continuidad de su red delictiva. La Fiscalía sustentó que los delitos imputados están agravados por el papel de financiador y promotor de conductas consideradas de alto impacto contra la seguridad pública.

En respuesta a las críticas de la defensa, encabezada por el abogado John Villamil, sobre supuesta falta de claridad y concreción en la acusación, la fiscal del caso aseguró que las pruebas y los hechos presentados son comprensibles para cualquier adulto y suficientemente específicos. La audiencia transcurrió con la presencia virtual de Marín Buitrago desde Portugal, pese a su declaración en rebeldía, y la defensa insistió en la necesidad de aclarar ciertos hechos relevantes para poder ejercer un derecho de defensa sin restricciones. El juez solicitó a la Fiscalía precisar la información acusatoria para evitar posibles complicaciones en el desarrollo de las próximas audiencias.

¿Qué significa estar “en contumacia” dentro de un proceso penal?

La contumacia, también llamada rebeldía, implica que una persona investigada o acusada en un proceso judicial se niega explícitamente a comparecer ante las autoridades o a acatar los llamados de la justicia, aun estando notificada de los procedimientos en su contra. Esta figura legal, citada por El Espectador en el caso de Diego Marín Buitrago, permite que los procesos judiciales avancen incluso si el acusado no se presenta físicamente ante el juez.

La relevancia de este concepto radica en que asegura la continuidad de la acción judicial, evitando que los procesos queden paralizados por estrategias dilatorias de los acusados. Así, el caso contra Marín Buitrago avanza en Colombia pese a su permanencia en el extranjero y su negativa a someterse voluntariamente a la jurisdicción nacional.