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La sanción en contra del titular del ente investigador fue por no cumplir la orden de crear un protocolo para la protesta ciudadana.
El Tribunal Superior de Bogotá le impuso una multa de 10 millones de pesos al fiscal general, Francisco Barbosa, luego de no cumplir con una orden que le había dado la Corte Suprema de Justicia.
Según el fallo judicial, la cabeza del ente investigador no creó un protocolo para permitir a los ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, efectuar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de cualquier clase de reunión o protesta.
Después de conocerse la noticia, la Fiscalía emitió un comunicado de prensa en el que señala que el fallo no fue notificado personalmente como lo indica la ley y, por ello, se afectó el debido proceso del Fiscal General, informó el Espectador.
(Vea también: Jennifer Arias, llamada a Corte Suprema de Justicia para dar su versión en caso de plagio)
Además, afirmaron que el fiscal sí cumplió con el fallo y expidió una directiva donde se establecen lineamientos para la investigación y judicialización de los delitos cometidos en el marco de la protesta social.
El fallo judicial del Tribunal Superior de Bogotá indica que el acusado tuvo la oportunidad de fabricar el respectivo protocolo junto con las otras dos entidades encargadas del cumplimiento de la misma orden.
“Se abstuvo de proceder de esa manera con base en que no participaba en casos de capturas y traslados, tema que en atención a su cargo conoce de toda claridad, argumento que como quedó visto es infundado, y que no revela nada distinto a visos de descuido o negligencia imputable”, indicó el Tribunal.
Este hecho se dio por una acción judicial presentada por la Sociedad María Granada Castañeda en contra de la Presidencia de la República, la Fiscalía General, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Procuraduría General, la Policía Metropolitana y la Defensoría del Pueblo.
La organización solicitaba que se garantizara la protección al derecho a la protesta pacífica en el país en 2020.
La Corte Suprema también ordenó que, en 48 horas, es decir hasta el domingo 19 de diciembre, el fiscal debe entregar ese protocolo y advirtió que, sí nuevamente incumple con esta orden, Barbosa podría enfrentar nuevas sanciones.
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