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Aún dudan si él estaba en la lancha atacada días atrás y aunque no tienen conocimiento de su paradero en la actualidad, esperan que alguien les dé claridad.
En el barrio Los Cardonales, en Gaira, un rincón humilde de Santa Marta donde el olor a mar se mezcla con la rutina de los pescadores, el nombre de Alejandro Carranza Medina se ha convertido en sinónimo de dolor e incertidumbre. La noticia que dio el presidente Gustavo Petro, al afirmar que un colombiano habría muerto en un presunto ataque estadounidense, cayó como un golpe directo en el corazón de su familia. Desde entonces, en la casa de los Carranza, ubicada en las faldas de un cerro, solo hay silencio, lágrimas y preguntas sin respuesta.
(Vea también: Donald Trump anunció deportación de colombiano sobreviviente de lancha atacada en el Caribe)
Carmela Medina, la madre de Alejandro, no logra contener el llanto. Hace unos meses perdió un hijo y espera que él no sea el segundo. “Mi hijo no era malo. Él vivía de la pesca, no tenía dinero, ni cargaba droga, ni nada de eso que dicen en las noticias”, dice entre sollozos mientras sostiene un retrato viejo, en el que su hijo sonríe con un anzuelo en la mano y el mar de fondo.
Alejandro, de 40 años, salió de su casa el 14 de septiembre, como lo hacía cada cierto tiempo, prometiendo regresar con buena pesca. Sus familiares cuentan que solía ausentarse durante semanas en largas faenas, pero esta vez el silencio ha sido insoportable. Nadie los ha llamado, nadie ha confirmado si realmente fue él quien murió en el ataque.
“No tenemos ninguna constancia de que sea él. Nadie del Gobierno se ha comunicado con nosotros. Solo hemos visto lo que dice el Presidente por redes sociales”, afirma su sobrina Lizbeth Pérez Carranza, visiblemente afectada. “Antes de hacer ese anuncio, debieron hablar con nosotros, mostrarnos pruebas, algo que nos ayudara a entender lo que pasó”.
La familia Carranza Medina ha vivido toda su vida del mar. Sus ingresos dependen de la pesca y de la buena suerte. Por eso, cuando la noticia estalló, quedaron desorientados, sin saber a quién acudir ni cómo comprobar la información. “Somos gente pobre, no tenemos cómo viajar ni a dónde ir. Solo pedimos que el Gobierno nos ayude a saber la verdad”, insiste Lizbeth.
En el patio de la casa, don Alejandro Carranza padre sigue tejiendo una atarraya. La misma que —dice— iba a regalarle a su hijo por su cumpleaños. Cada nudo parece un rezo. “Yo le enseñé a pescar, desde pelao. Esa era su vida. Yo estoy tejiendo esta atarraya para cuando vuelva, para que pueda pescar mejor”, dice con la voz quebrada.
El nombre de Alejandro también ha sido mencionado en medios por un antiguo proceso judicial relacionado con el robo de armas a la Policía Metropolitana, caso que, según su familia, quedó archivado hace años. “Ese caso fue hace años y él no volvió a tener problemas con nadie. Volvió a la pesca, que es lo único que sabía hacer”, explica Lizbeth. “Por eso no entendemos por qué ahora lo relacionan con otras cosas. Él no era ningún narcotraficante”.
Mientras el Gobierno colombiano exige explicaciones a Estados Unidos, en Gaira el tiempo parece haberse detenido. Los tres hijos de Alejandro —de 7, 13 y 16 años— permanecen abrazados a su abuela, preguntando si su papá volverá. Carmela, sentada frente a un pequeño altar, mantiene la esperanza encendida. “Yo quiero creer que mi hijo está vivo, que se va a aparecer por esa puerta. Él no merecía morir así. Si fue un error, que alguien lo diga”, suplica entre lágrimas.
“Mi hijo era bueno, él solo quería trabajar y traer comida para sus papás y sus muchachos”, repite una y otra vez, como si el eco pudiera traerlo de regreso.
En Los Cardonales, el mar sigue rompiendo en la orilla, indiferente al dolor de una familia que solo pide claridad. “No pedimos nada más que saber qué pasó. Si fue él, que nos digan la verdad, y si no, que limpien su nombre”, concluye Lizbeth, mientras su abuelo sigue tejiendo la red que espera entregar a su hijo cuando vuelva, aunque, en el fondo, tema que ese día nunca llegue.
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