Esmad desaloja a familia de un lote que será usado para construir planta de gas

La mañana de este martes, la Alcaldía de Pueblo Bello, en Cesar, adelantó un operativo de desalojo con los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, para sacar a una familia de un lote donde quieren construir una planta del proyecto de gas que implementarán en el municipio.

Aunque las autoridades la tarde del mismo día no habían logrado el objetivo, los afectados son alrededor de 10 personas que habitan en un terreno de unas tres hectáreas.

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El concejal del municipio, Álvaro Imbretch, advirtió que el mandatario posiblemente estaría vulnerando los derechos de la población debido a que recurrió a una fuerza exagerada para una familia que lleva años habitando el predio.

“Quiero invitar a que no actuemos de forma irracional en contra de esta familia para eso están los estrados judiciales y las discusiones jurídicas que son las que tendrán que decidir si la administración tiene un derecho sobre este lote o si es la familia Álvarez Durán, que por el tiempo de haber estado ahí tienen ese derecho”, dijo el concejal.

El panorama jurídico sobre el terreno todavía no está claro puesto que existe una doble titulación en la que aparecen como dueños la administración municipal y los que están en el terreno.

El pasado mes de abril algunos miembros de esa familia comunicaron a El Pilón que consiguieron el lote a través de la escritura pública 2797 de la Notaría 4 de Barranquilla en 1961, haciéndose cargo del predio la señora Nelda Durán, una miembro de la familia.

Sin embargo, para ese entonces el alcalde Danilo Duque también informó que al llegar a la administración encontró que el terreno estaba escriturado a nombre del municipio y que dicha información fue “corroborada por el Ministerio de Minas y Energía”.

Así las cosas, el burgomaestre tiene predispuesto el predio para el ‘Proyecto Implementación de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por Redes’ que tiene como objetivo suministrar este servicio a miles de habitantes en el municipio.

No obstante, El Pilón conoció que el pasado 9 de junio los afectados interpusieron un derecho de petición ante la justicia que está en curso.