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Este servicio y la consulta de páginas porno elevaron el costo de la factura, y se armó un escándalo ya que se pagó con recursos públicos.
La cuenta del teléfono corporativo del Concejo de Nobsa, Boyacá, llegó por casi 200.000 pesos, de los cuales la mitad de ese monto fue para gastos de servicios sexuales, según movimientos que están especificados en el documento, que conoció Caracol Radio.
La factura desató la reacción del presidente de la corporación, Julio Tristancho, que no dudó en responsabilizar a los otros 11 cabildantes debido a que, dijo en la emisora, “a ese celular tienen acceso todos los concejales”.
Además, el funcionario agregó que él “jamás utilizaría los recursos del concejo para este tipo de cosas”, y anunció que procederá a consultar con el operador “las horas exactas a las cuales se hicieron esas consultas y llamadas, e iniciaremos una investigación para determinar quién o quiénes estarían detrás de esas conductas”.
Pero el concejal Jairo Torres cree que la responsabilidad del manejo de ese celular le compete a la cabeza de la corporación, ya que es para “uso exclusivo” de Tristancho.
“Es bochornoso y también tiene varios ingredientes morbosos: son recursos públicos, es pornografía y esta no es una situación incluida en este recibo, al parecer desde enero de este año, fecha en la que él ha estado al frente de la presidencia del concejo, esas facturas del uso del celular vienen con ese ingrediente (…)”, manifestó Torres a la cadena radial.
Jaime Gómez, también concejal, habló en Noticias Caracol y dijo que le parece “una falta de respeto” que el funcionario quiera involucrarlos a todos ya que ellos no tienen acceso a ese celular.
A raíz de estas declaraciones, Tristancho se justificó en la emisora y dijo que este escándalo por las llamadas ‘calientes’ es “una clara persecución (…) especialmente el concejal Jairo Torres, quien es mi gran contendor en el cabildo”.
Pero más allá de si esta situación es o no por temas políticos, lo cierto es que la factura se pagó con recursos públicos.
Por eso, al contralor departamental de Boyacá, Pablo Gutiérrez, lo único que le interesa por ahora es identificar al responsable y “recuperar los dineros, que tendrá que pagar de acuerdo a lo que costaron la suscripciones no consentidas”.
La polémica llevó a que por estos días en el Concejo de Nobsa no se discutan temas ni proyectos de interés general, sino que los cabildantes estén centrados en identificar al morboso que calentó el ambiente en la corporación.
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