Qué le podría pasar a ‘Epa Colombia’ por celular hallado en su celda; revelan difícil panorama

Nación
Tiempo de lectura: 4 min
Escrito por:  Redacción Nación
Actualizado: 2025-09-05 08:44:27

Francisco Bernate, abogado de la empresaria e 'influenciadora', aseguró que, pese a que la falta es grave, no la devolverían a la cárcel El Buen Pastor.

La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a estar en el centro de la atención esta semana después de que las autoridades confirmaran que le fue incautado un celular en la celda que ocupa en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

(Vea también: Afirmaciones de Petro sobre ‘Epa Colombia’ le habrían provocado problemas a la ‘influencer’)

El hallazgo encendió las alarmas sobre posibles consecuencias legales y disciplinarias para la ‘influenciadora’, quien cumple una condena por los actos de vandalismo cometidos en noviembre de 2019 contra una estación de TransMilenio.

Y es que, según trascendió, durante la revisión no solo se encontró el dispositivo en posesión de Barrera, sino que se incautaron dos celulares adicionales y otros equipos electrónicos en diferentes áreas de la escuela.

El uso de un celular en un entorno penitenciario es considerado una falta grave, ya que podría facilitar contactos externos, filtraciones de información o incluso actividades ilícitas, aunque en este caso no se han reportado evidencias de tales usos.

¿Qué consecuencias tendría ‘Epa Colombia’?

En medio de la controversia, Francisco Bernate, apoderado legal de ‘Epa Colombia’, ofreció detalles clave sobre las posibles repercusiones en una entrevista con Blu Radio.

Bernate, un reconocido abogado penalista, enfatizó que el hallazgo del celular configura una infracción al reglamento penitenciario, pero aclaró que esto no necesariamente implicará un regreso a un centro de reclusión ordinario como El Buen Pastor.

Según Bernate, desde el traslado de Barrera, no ha tenido contacto directo con ella ni con su familia, y entiende que otros abogados están manejando gestiones adicionales. No obstante, fue enfático al afirmar que los motivos del traslado —problemas de salud y seguridad— fueron avalados por altos funcionarios, incluyendo los Ministerios de Justicia y Defensa, y el propio presidente Petro.

“El traslado no estaba sujeto a unas normas específicas, de manera que no es una posibilidad de que ella, u otras personas, sean trasladadas a una penitenciaría ordinaria”, aseguró el abogado en la cadena radial, argumentando que esas condiciones subyacentes no han cambiado a pesar del incidente.

Dado que se trata de una infracción de comportamiento, las consecuencias podrían centrarse en la pérdida de prerrogativas penitenciarias.

“La norma es muy clara y señala que este tipo de permisos están sujetos al buen comportamiento dentro del establecimiento y este tipo de reportes no permiten hablar de ese buen comportamiento […]. Muy seguramente, cuando empiece a solicitar permisos, van a ser negados. Esa es la consecuencia. Debo decirlo por mi experiencia, los jueces en Colombia son muy drásticos con este tipo de situaciones”, agregó el abogado.

De acuerdo con Bernate, las personas privadas de la libertad en Colombia pueden optar a permisos de 72 horas una vez cumplida la tercera parte de la condena, o a la libertad condicional después de las tres quintas partes de la sentencia. Sin embargo, incidentes como este podrían bloquear tales opciones, ya que demuestran una falta de acatamiento a las normas internas.

En cuanto a las visitas que recibe actualmente ‘Epa Colombia’, el abogado fue claro al mencionar que no se verán afectadas, por lo que podrá seguir teniendo contacto con su familia, hija y quienes estén llevando su proceso.

¿Por qué está detenida ‘Epa Colombia’?

Barrera fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión después de los destrozos que protagonizó en medio del paro nacional de 2019. Inicialmente, estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor, pero el pasado 20 de agosto fue trasladada a una guarnición militar, debido a razones de seguridad, problemas de salud y un deterioro en su estado físico.

Ese movimiento contó con la aprobación de los Ministerios de Justicia y Defensa e, incluso, con la mediación del presidente Gustavo Petro, lo que evidenció el respaldo político y administrativo a su reclusión especial.

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