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La extensa finca 'Tapialandia' en Sahagún, Córdoba, es uno de los bienes del 'zar de la contratación' con los que se quedó la justicia.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó a los medios de comunicación del país una noticia que ha azuzado la polémica, dado el vasto detrimento al erario público que produjeron las acciones corruptas del exfuncionario, quien además fue reincidente en los casos de el Carrusel de la Contratación y Centros Poblados.
(Vea también: Liberaron a Emilio Tapia, de los casos de Centros Poblados y ‘carrusel de la contratación’)
Pese a todo ello, Emilio Tapia está hoy en libertad, como lo dictaminó el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, que resolvió favorablemente una solicitud de libertad condicional, luego de haber cumplido 48 meses de una condena de 6 años.
Sin embargo, no todo es alegría para el condenado defraudador, puesto que, según una investigación de El Tiempo, Tapia ha sido objeto de un extenso proceso de extinción de dominio que ha llevado a la incautación de múltiples bienes vinculados a él.
Entre las propiedades más destacadas se encuentra la finca conocida como ‘Tapialandia’, un terreno de 20 hectáreas ubicado en Sahagún, Córdoba. Este predio estuvo bajo la administración de la Agencia Nacional de Tierras durante varios años, pero en diciembre de 2023 pasó nuevamente a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar bienes incautados en procesos judiciales.
Otro de los activos incautados es la firma Grupo Asociado Aliar, dedicada a la administración y posesión de acciones y participaciones sociales. Esta empresa fue liquidada por la SAE en 2020.
También figura la empresa MTM Project Ltda., registrada en 2007 con un capital de 20 millones de pesos y vinculada al proceso de extinción de dominio desde 2014. Tapia Aldana poseía el 50 % de las acciones de esta compañía, que se especializaba en consultoría informática y asesoramiento fiscal. En 2017, la empresa pasó a ser administrada por la SAE y actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
Otro bien afectado por medidas cautelares es el Criadero Rancho la Fe, una empresa fundada en 2010 en Bogotá con un capital inicial de 10 millones de pesos. Tapia figuraba como único propietario de esta firma, cuyo objeto social era la compraventa de ganado y productos agrícolas. En marzo de 2020, la SAE ordenó su cancelación mediante un acto administrativo.
Además de estos bienes, la justicia ha incautado varias empresas relacionadas con Tapia, entre ellas:
Todas estas compañías han sido objeto de medidas judiciales dentro del proceso de extinción de dominio que se adelanta contra el empresario.
(Vea también: ¿Qué pasó con el proyecto de los $ 70.000 millones para Internet rural? MinTIC habló)
Según El Tiempo, el caso de Tapia sigue siendo uno de los más relevantes en materia de corrupción y recuperación de activos en Colombia. La SAE continúa administrando los bienes incautados mientras se define su destino final en los procesos judiciales en curso.
Emilio Tapia Aldana fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el escándalo de Centros Poblados, donde se apropió ilegalmente de recursos destinados a la conectividad de escuelas rurales en Colombia. Durante el proceso judicial, aceptó cargos por peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, comprometiéndose a devolver 5.063 millones de pesos, de los cuales ha restituido la mitad mediante títulos judiciales.
Además, estuvo implicado en irregularidades contractuales con Empresas Municipales de Cali (Emcali), donde falsificó garantías financieras para obtener contratos de infraestructura. Previamente, en 2014, fue condenado por su participación en el Carrusel de la Contratación en Bogotá, un esquema de corrupción en el que manipuló licitaciones públicas. Aunque su sentencia inicial era de 17 años, consiguió reducciones tras colaborar con la justicia.
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