2.819 desplazados y 144.000 afectados por ola de violencia en el Catatumbo

La oficina de Naciones Unidas en Colombia detalló que quienes salen de sus territorios no tienen garantías para su retorno, y las demás personas enfrentan “graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad”.

De igual forma, 44.829 menores de edad han suspendido sus actividades escolares desde hace más de seis días y se ha limitado el “gobierno propio y movilidad” de la comunidad indígena Barí, indicó la organización en un comunicado en el que condenó “vehementemente” la violencia contra la población en la región.

Los habitantes de la región están en medio del fuego cruzado entre las guerrillas Eln y Epl, que se enfrenten para tomar el control del territorio que dejó libre la exguerrilla de las Farc tras su desmovilización por el acuerdo de paz.

El problema se ha agravado por el “paro armado” decretado el pasado domingo por el Epl, con el que buscan restringir mediante amenazas el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas y el comercio.

“Esta violencia viene menoscabando gravemente la vida y la integridad de los líderes locales. Varios miembros de las juntas de acción comunal y defensores de derechos humanos han tenido que desplazarse, confinarse, han sufrido daños a su integridad física y uno de ellos permanece cautivo”, agregó la información.

El Catatumbo es una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia y la conforman los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Esa extensa región selvática es una de las zonas más convulsas de Colombia por la presencia de diferentes grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes y es además una de las áreas con más cultivos de coca del país.

Ante estos hechos, los pobladores de algunos municipios como Teorama y Sardinata marcharon vestidos de blanco y con pancartas para pedir que no se involucre a la población civil en el conflicto entre los dos grupos armados.

El cierre de hospitales y comercios debido a los enfrentamientos contrastan con las declaraciones dadas el pasado miércoles por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien aseguró que el sector salud estaba “funcionando con normalidad” y que el comercio lo hacía en un 50 %.

“Hacemos un llamado de urgencia a todos los grupos armados a respetar la vida y la integridad de la población civil, respetar los derechos humanos, acatar el derecho internacional humanitario de manera inmediata y garantizar el acceso humanitario”, afirmó la ONU.

Con EFE.