Defensoría le pone freno al nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia

En medio de la agenda internacional del presidente Gustavo Petro en la ONU, la Defensoría del Pueblo abrió un nuevo capítulo en la controversia por la composición del gabinete. La entidad, bajo la dirección de Iris Marín, pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspender de manera cautelar al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, y anular su designación.

(Vea también: Estados Unidos le quita la visa al presidente Petro: “Acciones imprudentes e incendiarias”)

El organismo considera que el nombramiento del funcionario viola la Ley 2424 de 2024, norma que obliga al Ejecutivo a garantizar la presencia de al menos un 50 % de mujeres en los ministerios. Con la llegada de Montealegre, el balance quedó en diez hombres y nueve mujeres, lo que, según la Defensoría, rompe con el mandato legal de paridad.

“Tal como se ha indicado, el acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma referida, al no garantizar el mínimo de participación femenina exigido, por lo que su legalidad se encuentra seriamente comprometida, y por ende, el proceso se sustenta en una controversia jurídica que prima facie revela la vulneración del ordenamiento constitucional y legal”, señaló la entidad en el documento presentado ante el Tribunal.

La Defensoría insiste en que no se trata de un simple conteo de ministros, sino de una obligación constante para el presidente de mantener un gabinete equilibrado. Incluso reveló que el pasado 17 de junio le envió una carta a la Casa de Nariño advirtiendo el incumplimiento, pero la comunicación solo recibió un acuse de recibo.

La solicitud también recuerda que el Tribunal sí aplicó una medida cautelar contra el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, por razones similares. No obstante, Petro aceptó la renuncia del funcionario y lo reintegró posteriormente. En el caso de Montealegre, la Defensoría advierte que su permanencia sin control podría consolidar decisiones administrativas y políticas contrarias a la Ley de Paridad.

“Se requiere urgente una decisión en este sentido, por cuanto, mientras se resuelve de fondo la demanda, el funcionario nombrado de manera contraria a derecho continuará ejerciendo funciones, generando efectos jurídicos, políticos y administrativos, que consolidan situaciones de hecho ilegítimas en contra de la protección que se le debe dar a las mujeres”, agregó el organismo.

El Tribunal ya había rechazado en julio una solicitud de suspensión provisional, alegando la falta de reglamentación de la norma. Sin embargo, el precedente del caso Florián reaviva la presión para que la corporación adopte una decisión que, según la Defensoría, no puede seguir postergándose.