Fiscalía esperó 15 años para ordenar captura de Aníbal Gaviria; ¿por qué revivió proceso?

Como informó la entidad, la investigación data de su primer periodo como gobernador de Antioquia pero también explicó que la investigación estuvo congelada.

La decisión se tomó por “cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de la Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007”, según la Fiscalía.

Justamente de eso lo que llama la atención es que todo se trate de un contrato firmado el 22 de diciembre de 2005. Según W Radio, la investigación estaba “en un despacho que no era el indicado para llevar el proceso y por eso estuvo quieto más de 10 años”.

Ese caso solo revivió, cuenta la emisora, cuando la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Gaviria en 2019 cuando estaba en campaña, eso provocó que la “investigación comenzara de cero”.

Luego de eso, en diciembre del año pasado se allanó la sede de la Gobernación de Antioquia para obtener a información del caso por la que se ordenó la captura del mandatario acusado de los delitos de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”.

Lo que obtuvieron los investigadores, dice la Fiscalía, es que Gaviria pactó un anticipo por 1.500 millones de pesos sin “requisitos legales esenciales” y “sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta” del dinero.

Además, se hicieron dos adiciones al acuerdo que desconoció los “principios esenciales de la contratación pública”. Una de ellas para adecuaciones de la mencionada troncal, la segunda, para la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre que se firmó solo cuatro días antes de que Gaviria terminara su periodo como gobernador y que debió “ser objeto de un nuevo proceso de selección”.

Por ese segundo punto, también existen investigaciones en las sedes regionales de la Contraloría y la Procuraduría.

Además, el contrato se firmó con el consorcio Troncal de la Paz que tiene como accionista mayoritario al Grupo Solarte, cuyos representantes son Carlos y Paola Solarte, investigados por otros contratos con Odebrecht. La mujer ya fue condenada a 6 años de prisión mientras el juicio contra su padre continúa, indicó Blu Radio.

En abril pasado, la Gobernación de Antioquia emitió un comunicado en el que aseguró que entregó a la Fiscalía documentos del contrato investigado y se mostró dispuesto a dar las explicaciones que fueran necesarias porque lo considera un tema “promovido por sus contradictores en la pasada campaña electoral”.

Este fue el anuncio del fiscal general, Francisco Barbosa: