Crimen organizado en Colombia: el poder invisible de las nuevas mafias que sustituyen al Estado

El crimen organizado en Colombia ha transitado hacia una cuarta generación que se distingue por su gran adaptabilidad, flexibilidad de funcionamiento y dispersión geográfica, situaciones que intensifican las dificultades para su control y requieren de una comprensión multifacética para definir estrategias de respuesta. Luego del desmantelamiento de los icónicos carteles de las décadas de 1980 y 1990, el fenómeno delictivo colombiano experimentó una transformación profunda: hoy los grupos delincuenciales actúan como redes descentralizadas con niveles diferenciados de poder, controlando parcialmente territorios o incluso instaurando gobiernos paralelos en algunas regiones, como lo ilustran el Clan del Golfo en Urabá o las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Este cambio estructural ha derivado en la aparición de organizaciones criminales que participan en distintos eslabones de la cadena delictiva, desde grandes estructuras de alcance nacional —con nexos en el crimen trasnacional— hasta agrupaciones barriales que gestionan microtráfico o prestan servicios a las organizaciones superiores. La resiliencia de estas redes tiene su base en el constante reciclaje de integrantes procedentes de otros grupos armados y en su flexibilidad para reorganizar liderazgos tras acciones de las autoridades, una dinámica que, según la FIP, refuerza la combinación entre control territorial, funciones armadas y capacidades de gobernanza local, distanciándose de los antiguos modelos verticales de cartel.

En ese marco, el perfil de las actividades criminales también se ha diversificado. Si antes la meta era dominar mercados completos, ahora la obtención de rentas ilícitas proviene tanto de economías ilegales variadas —como la minería ilícita, extorsión o sicariato— como del uso estratégico de negocios lícitos, lo que brinda sostenibilidad financiera ante la presión estatal. Asimismo, los patrones de violencia han mutado: la violencia directa sigue presente, pero se manifiesta de manera domesticada, a través de amenazas, confinamientos o desplazamientos selectivos de comunidades, mecanismos menos visibles y, por tanto, más difíciles de sancionar.

En la esfera internacional, los vínculos con mafias extranjeras han cambiado. Los carteles mexicanos y europeos mantienen acuerdos comerciales para la logística y la distribución de cocaína pero no intervienen directamente en territorio colombiano. Los grupos locales retienen el control operativo y territorial, mientras que la instrumentalización y corrupción dentro del Estado complejizan la labor de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. La respuesta oficial, marcada por décadas de acciones fundamentalmente militares, muestra escasa coordinación interinstitucional y limitada capacidad de adaptación, dificultando la judicialización efectiva de los responsables.

Frente a este panorama, la FIP y organizaciones como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) recomiendan fortalecer las alternativas sociales y económicas en los territorios más afectados, robustecer las instituciones y reducir la corrupción. Igualmente, resulta crucial mejorar los sistemas de recolección y análisis de información, así como establecer observatorios de seguridad locales para abordar el fenómeno desde diagnósticos certeros en cada contexto. En este proceso, el periodismo de investigación desempeña un papel clave: permite profundizar en las redes criminales, iluminar el impacto social y ejercer control ciudadano, valiéndose de herramientas digitales avanzadas y plataformas de análisis recomendadas por expertos.

¿En qué consiste la “gobernanza local” ejercida por grupos criminales?
La gobernanza local, según la Fundación Ideas para la Paz, alude al ejercicio de autoridad de los grupos criminales en ciertas regiones donde logran sustituir, fragmentar o cooptar funciones propias del Estado. Esta dinámica suele incluir el control sobre la vida cotidiana de comunidades, la imposición de normas, regulación informal de conflictos e incluso la administración de recursos o servicios. Tal fenómeno refuerza su presencia, dificulta la acción estatal y contribuye a la legitimidad social de estos actores ante sectores de la población, perpetuando así ciclos de criminalidad y vulnerabilidad.

¿Por qué es importante mejorar los sistemas de información sobre crimen organizado?
La calidad de la respuesta estatal y social frente al crimen organizado depende en buena medida de contar con información precisa, actualizada y confiable. Sistemas de información deficientes impiden identificar tendencias, mapear redes delictivas y formular políticas efectivas. La creación de observatorios de seguridad locales y el uso de herramientas digitales analíticas permiten realizar diagnósticos certeros a nivel territorial y tomar decisiones basadas en evidencia, aspecto subrayado por la FIP y otras fuentes reconocidas como la UNODC, lo que representa un avance esencial para combatir la criminalidad organizada de manera integral y sostenible.