Miguel Polo Polo investigado por la Corte Suprema: controversia por homenaje y víctimas de "falsos positivos"

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha iniciado una investigación formal contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo por presunta discriminación, luego de que destruyera un homenaje artístico que buscaba recordar a las víctimas de los llamados "falsos positivos". El episodio ocurrió en noviembre de 2024, cuando Polo Polo fue captado arrojando a la basura unas botas decoradas, parte de la exposición "Mujeres con las botas bien puestas". Esta muestra, organizada por la Asociación de las Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo), tuvo lugar en la plaza Rafael Núñez del Capitolio Nacional y fue concebida como un llamado visual a reconocer el dolor y exigir justicia para los afectados por ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército colombiano, como lo reseñó la fuente original.

Los "falsos positivos" refieren a uno de los episodios más cruentos de la historia reciente del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se ha documentado la muerte de al menos 6,402 jóvenes entre 2002 y 2008 que fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas tras ser engañados con ofertas de trabajo inexistentes, para posteriormente ser presentados como bajas en combate y así aumentar las cifras oficiales de éxito militar, según el reporte del JEP de 2023. Esta práctica erosionó profundamente la confianza colectiva en las fuerzas estatales y desató intensas discusiones respecto a la búsqueda de verdad, reparación y justicia para las víctimas.

La respuesta pública de Polo Polo, quien desestimó la exposición al calificar las botas como "algo que tenía que ir al canasto de la basura", sumada a su cuestionamiento sobre la veracidad de las cifras oficiales, provocó un amplio rechazo. Analistas en derechos humanos y política han advertido, según un análisis de El Espectador, que el negacionismo de hechos tan graves puede reabrir heridas, revictimizar a los afectados y retrasar los procesos necesarios de reconciliación nacional. La especialista Nadia Aristizábal sostiene que el desconocimiento de las atrocidades puede fungir como una estrategia para dividir a la opinión pública y debilitar investigaciones judiciales en curso.

El trasfondo histórico de las ejecuciones extrajudiciales muestra la profundidad de desafíos que enfrenta el país, pues estos crímenes son consecuencia de factores estructurales vinculados a décadas de conflicto interno y a la militarización social. Informes como los del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) señalan que el daño causado por estos delitos trasciende a las víctimas directas, afectando a comunidades enteras y perpetuando la desconfianza hacia las instituciones.

La postura de la Corte Suprema de Justicia tras este incidente reivindica la necesidad de preservar la independencia judicial y el deber del sistema penal de proteger la dignidad y los derechos fundamentales frente a discursos discriminatorios. El inicio de la investigación a Polo Polo representa un paso relevante para salvaguardar la justicia y disuadir expresiones de odio, en un momento en que Colombia requiere consolidar la paz y fortalecer su proceso de verdad y reparación, según lo señaló la Corte Suprema.

Este caso subraya la urgencia de respaldar políticas públicas orientadas a la memoria histórica y la no repetición, un aspecto resaltado en el informe de 2025 de Human Rights Watch, que evidencia la persistencia de la impunidad y obstáculos institucionales para superar el legado de violencia en el país. Frente a tales desafíos, el periodismo investigativo cumple un papel crucial en documentar, analizar y confrontar versiones negacionistas, favoreciendo así una memoria democrática con bases sólidas.

La investigación a Miguel Polo Polo, lejos de ser un asunto meramente simbólico, se inserta en una compleja red de disputas políticas, jurídicas y éticas sobre el pasado reciente de Colombia y las rutas posibles hacia la reconciliación y la justicia.

¿Por qué es relevante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en estos casos? La JEP, mencionada en los reportes de 2023 utilizados como fuente, es el órgano de justicia transicional creado a partir del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su misión es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado, incluyendo los falsos positivos. La importancia de la JEP radica en su contribución a esclarecer la verdad, proteger los derechos de las víctimas y definir responsabilidades, aspectos fundamentales para garantizar garantías de no repetición y una paz sostenible.

¿Qué significa "memoria histórica" en el contexto colombiano? El concepto de memoria histórica, inevitable en los diferentes informes y reportajes referenciados, se refiere al proceso colectivo de reconstrucción y reconocimiento del pasado violento y conflictivo del país. En Colombia, iniciativas como las del Centro Nacional de Memoria Histórica han buscado plasmar narrativas, testimonios y estudios sobre los hechos victimizantes, de modo que las nuevas generaciones comprendan la magnitud de las tragedias ocurridas. Este esfuerzo contribuye a la reparación simbólica, la no repetición y la consolidación de una ciudadanía crítica y responsable frente a su historia reciente.