Aeropuertos en la mira: multimillonario detrimento y riesgos ambientales por fallas en gestión de agua

Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la administración de recursos destinados al manejo de sistemas de agua en varios aeropuertos del país, con un detrimento que supera los $5.600 millones de pesos. El contrato específico, bajo el identificador 22001380 02 H3 de 2022, estuvo enfocado en la regional centro sur, abarcando terminales aeroportuarias en ciudades como Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, entre otras, pero la ausencia de licencias y permisos ambientales para operar y mantener los sistemas de aguas residuales, potables e industriales resultó ser una omisión significativa, como lo documenta el informe oficial.

De acuerdo con la Contraloría General, la falta de permisos indispensables otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales – como la concesión de aguas para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y las autorizaciones para los vertimientos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) – viola normativas ambientales y pone en riesgo tanto la salud pública como el entorno de las comunidades cercanas. Tal como advierte la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, un manejo inadecuado de aguas residuales puede derivar en enfermedades y agravios ecológicos severos, reforzando la gravedad de estos hallazgos.

El informe señala que en los aeropuertos de Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia no existían permisos ni para operar plantas de potabilización ni para tomar agua, y en otros tampoco había autorizaciones de vertimientos para las PTAR. Esta negligencia administrativa repercute especialmente en ecosistemas de alta biodiversidad, como la Amazonía y la Orinoquía, regiones en las que las comunidades indígenas y rurales resultan especialmente vulnerables, según documentación ambiental de la Universidad Nacional de Colombia.

Otro ámbito señalado por la auditoría fue la deficiente ejecución del “Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales”, un esfuerzo nacional para mejorar infraestructura aeroportuaria en zonas apartadas, destacado en el Plan Nacional de Desarrollo gubernamental. Aunque el programa involucró contratos por más de $377 mil millones con el Ejército Nacional y ENTerritorio, las cifras oficiales muestran avances físicos extremadamente bajos –menos del 10% en algunos puntos reportados y apenas un 2,31% general al cierre del año 2024– lo que amenaza con perpetuar el aislamiento aéreo de muchas comunidades, dificultando acceso a servicios básicos, atención de emergencias y movilidad socioeconómica.

El Centro de Estudios Regionales Andinos (CER Andes) subrayó la importancia estratégica de modernizar la infraestructura aeroportuaria para impulsar el desarrollo regional, la seguridad y la atención en salud en territorios históricamente marginados. Sin embargo, la falta de coordinación institucional y de gestión efectiva señalada por la Contraloría sigue siendo un obstáculo para los objetivos oficiales, según resaltan múltiples fuentes consultadas en el proceso de auditoría.

La revisión estructural de estos procesos, insistieron entidades como Latin American Journalism Review, demanda un control ciudadano y mediático constante sobre la contratación pública, pues solo así se podrá garantizar que se tomen medidas efectivas y se respeten los derechos colectivos en áreas sensibles. Tanto la transparencia como la supervisión oficial y social emergen, así, como pilares imprescindibles frente a las falencias detectadas.

En síntesis, la auditoría de la Contraloría a la Aeronáutica Civil hace visible una serie de incumplimientos legales, contractuales y ambientales, que derivan en riesgos palpables para la calidad de vida, la sostenibilidad y el acceso a servicios en varias regiones del país. La necesidad de fortalecer controles, mecanismos de ejecución y el marco regulatorio se hace tangible, resaltando la responsabilidad estatal y social en avanzar hacia un transporte aéreo verdaderamente seguro, confiable y sostenible.

¿Qué significa PTAP y PTAR en el contexto aeroportuario?

PTAP corresponde a Planta de Tratamiento de Agua Potable y PTAR a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. En el entorno de los aeropuertos, las PTAP procesan el agua para que sea segura y apta para el uso humano –esencial para el personal y los pasajeros– mientras que las PTAR realizan el tratamiento y disposición correcta de las aguas residuales generadas, evitando la contaminación del entorno. La correcta operación de ambos sistemas es obligatoria y debe estar regulada mediante permisos y concesiones ambientales como los que se encontraron ausentes en este caso, generando un riesgo para la salud y el medio ambiente según las entidades de control y vigilancia.

La importancia de las PTAP y las PTAR se acentúa en regiones de alta sensibilidad ecológica o baja cobertura de servicios públicos, donde una mala administración del agua puede afectar comunidades enteras y ecosistemas vulnerables. Así lo advierten informes especializados utilizados por la Contraloría y consultados por universidades, organismos de salud y entes estatales en este proceso de auditoría.

¿Por qué la conectividad aérea es vital para las regiones apartadas del país?

La conectividad aérea en Colombia cumple un papel esencial para unir regiones remotas, especialmente en territorios donde las condiciones geográficas dificultan el acceso por vías terrestres. De acuerdo con el CER Andes y la Contraloría, los aeropuertos han sido una herramienta fundamental no solo para la movilidad, sino también para el desarrollo social, la atención oportuna en salud, la educación y el transporte de bienes básicos. Su ausencia o deterioro profundiza el aislamiento y limita el avance socioeconómico de las comunidades impactadas.

El Proyecto de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales, mencionado en la auditoría, fue concebido justamente para reducir ese aislamiento estructural, sin embargo, la baja ejecución denunciada amenaza con retrasar los beneficios previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. De aquí la relevancia que cobra el seguimiento exhaustivo a los avances y la necesidad de incrementar la vigilancia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.