"Hay que terminar esa obra, aunque no nos guste": López, sobre causa de disturbios en Suba

La noche de este lunes, Claudia López rechazó primero los disturbios causados por el desalojo de un campamento instalado junto al humedal Tibabuyes, supuestamente con el fin de protegerlo y evitar que se le practicara una obra de “endurecimiento”.

El hecho terminó incluso en la quema de un bus nuevo del Sitp, por cuyos responsables ofreció una recompensa de 20 millones de pesos:

“Salir a vandalizar y quemar un bus de servicio público, que iba rodando con pasajeros adentro, poniendo en riesgo la vida de esos pasajeros, quemando un bien público de la ciudad, no es ningún acto de protesta social y mucho menos ambiental. Es un acto criminal y vandálico, que vamos a hacer sancionar hasta las últimas consecuencias”, subrayó.

La discusión por el humedal Tibabuyes, detrás de los disturbios en Suba

Sin embargo, la alcaldesa también explicó el trasfondo de lo sucedido, al menos según su versión, pues en el transcurso del día el tema alcanzó para que, por ejemplo, la congresista ‘verde’ Katherine Miranda la acusara de “traicionar la confianza ciudadana al seguir el plan de Peñalosa“:

Por eso, la mandataria capitalina explicó la noche de este lunes que la obra en el también conocido como humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, “ha tenido una enorme controversia que yo misma he dado”, y enfatizó en que se trata de una obra contratada por la administración de Enrique Peñalosa y que viene haciéndose desde entonces.

“Si de mí hubiera dependido, yo no habría mandado a hacer esa obra. Me parece innecesario e inconveniente hacer obras de endurecimiento sobre los humedales. No creo que sea esa la mejor manera de protegerlos”, comentó, y se manifestó impedida para detenerla:

“Los alcaldes no podemos llegar a hacer alcaldadas, a derogar los contratos vigentes y firmados porque no nos gusten. Tenemos que surtir unos procedimientos en derecho y pacíficos para hacer esa controversia”, añadió.

Según ella, se han surtido “todos los recursos y mecanismos para cambiar y mitigar los efectos ambientales de esa obra”, como el cambio de materiales que se usarían, e incluso los diseños. “Pero una cosa es que no estemos de acuerdo y otra es que se use violencia para frenar un acto público vigente como un contrato“, prosiguió.

Además, acusó a los manifestantes que causaron los desórdenes de tener “claros propósitos políticos, no solo ambientales”, y dijo que “invadieron la obra desde noviembre del año pasado, tomando vías de hecho y violencia que no deberían admitirse en una democracia”:

“Han invadido la obra, han robado materiales, han hecho actividades con alcohol y alteraciones del orden público, han agredido a trabajadores de la obra”, detalló.

Según ella, se han agotado mecanismos para tratar de llegar a algún acuerdo, pero la Contraloría ya había advertido que “si no terminamos de ejecutar ese contrato incurriríamos en detrimento patrimonial“.

“Tenemos que terminar esa obra, por mucho que a algunos no nos guste”, sentenció.

“Eso no es protesta social y menos ambiental: eso es criminalidad pura. (…) El predio va a ser custodiado, la obra va a ser terminada y los responsables van a ser judicializados“, concluyó.

Esta fue la explicación de la alcaldesa: