Citarán a moción de censura a ministro de Defensa por muerte de siete menores en bombardeo

La operación militar que se desplegó contra las diferencias de las Farc en Guaviare ha generado diversos llamados desde varios sectores políticos.

Este sábado, Medicina Legal confirmó que en el operativo militar en Calamar, Guaviare, fueron siete los menores que murieron en los bombardeos de las Fuerzas Militares a las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Ya hubo respuesta desde el Congreso, pues se anunció que se citaría al ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, a moción de censura.

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La noticia ha causado fuertes críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, quien respondió en las últimas horas a un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Iris Marín en el que reiteró que “ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares” y recordó que las Fuerzas Armadas “deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger los NNA que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada”.

“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejo (sic) avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje (sic) emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

Desde el Legislativo, varios congresistas se han pronunciado para criticar las acciones del Gobierno. Entre ellos, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), quien aseguró que citaría a moción de censura a Sánchez.

Del lado de la oposición, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal (Centro Democrático) afirmó que se trataba de un “crimen de guerra” y le recordó al jefe de Estado que criticó acciones similares que se tomaron en el gobierno de Iván Duque en el Caquetá, en el que ocho adolescentes murieron. En la misma línea estuvo Sergio Fajardo, también candidato presidencial, quien agregó que “las operaciones que incluyan bombardeos deben realizarse únicamente cuando sean estrictamente necesarias”.

“Este bombardeo, por el contrario, parece ser el producto del desespero y evidencia el debilitamiento de las capacidades de inteligencia del actual gobierno. Colombia necesita firmeza, sí, pero jamás a costa de la improvisación, la incoherencia o el riesgo para la población civil”, respondió Fajardo al mandatario Petro.

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El presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), rechazó que las disidencias sigan reclutando menores de edad y subrayó que se trata de una violación al Derecho Internacional Humanitario. Incluso, agregó que “ningún fin político justifica el secuestro de la niñez ni su instrumentalización en el conflicto”.

“Este crimen debe generar una oleada de solidaridad nacional e internacional: refugio humanitario inmediato para los menores rescatados, presión diplomática y sanciones a quienes financian o toleran estas estructuras. La paz total no puede construirse sobre la tumba de nuestros niños”, apuntó.

En el oficialismo hubo respuesta. El representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico) dijo que “frente a hechos tan graves no se puede jugar a la politiquería” y respondió que no tienen “rabo de paja”, por lo que no practicarán “la política del ‘todo vale’”.

“Lo inadmisible es convertir el dolor de las víctimas en combustible para ataques oportunistas. El país merece ética, no cálculo ni show”, concluyó.

La senadora Gloria Flórez señaló que “reclutar niños y niñas para la guerra es un crimen abominable y condenable”. Añadió que “quienes [defienden] los derechos humanos y la búsqueda de paz, exigimos a todos los grupos armados a NO reclutar menores, e instamos al Estado a la protección inmediata de los niños, niñas y adolescentes; a planes concretos dirigidos a prevención del reclutamiento forzado y a la protección efectiva de sus derechos”.

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“Ante todo debe prevalecer la protección de la niñez, que implica la acción del Estado para evitar el reclutamiento; y la planeación operacional con pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario”, dijo.