Exasesores de Olmedo López no aceptaron cargos en caso UNGRD; serían fichas clave

Los exasesores de Olmedo López, Luis Carlos Barreto y Pedro Andrés Rodríguez Melo, se declararon inocentes de los cargos que les imputó la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Entre los delitos que enfrentan figuran concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado.

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Durante las audiencias, la fiscal Andrea Muñoz presentó los argumentos que incriminan a Barreto y Rodríguez en un entramado de corrupción que habría desviado recursos de la UNGRD.

Según la investigación, estos exasesores, en complicidad con Olmedo López, Sneyder Pinilla y el empresario Luis Eduardo López Rosero, crearon una empresa criminal a mediados de mayo de 2023 con el propósito de apropiarse de recursos públicos.

La fiscal explicó que el grupo se enfocó en manipular contratos para la adquisición de asistencia humanitaria y la gestión de emergencias declaradas como desastres nacionales. En uno de los casos más significativos, se perdió una suma superior a los 46 mil millones de pesos en un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira.

El papel de Pedro Rodríguez Melo fue clave para el éxito de este esquema. Según la Fiscalía, Rodríguez compartió información confidencial con López Rosero, lo que le permitió mejorar sus propuestas en los procesos de contratación de la UNGRD y garantizar que su empresa se quedara con el lucrativo contrato de los carrotanques.

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“Usted, señor Pedro, pactó con Luis Eduardo López Rosero el pago de mil millones de pesos por el direccionamiento de la orden de proveeduría”, detalló la fiscal Muñoz.

La audiencia también mencionó el presunto vínculo de César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, en otro escándalo relacionado. A pesar de las graves acusaciones, Barreto y Rodríguez rechazaron los cargos, mientras que el proceso judicial continúa para esclarecer el destino de los fondos y la responsabilidad de los implicados.