“No hay pruebas”: Fiscalía desestimó la razón del ataque contra Jaime Esteban Moreno

Bogotá
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Durante la audiencia, la Fiscalía abordó directamente la hipótesis planteada por la defensa sobre el supuesto abuso previo que habría motivado el ataque.

Ricardo Rafael González Castro, de 23 años, compareció este lunes ante la justicia en un juzgado para responder por su presunta implicación en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes.

(Le puede interesar: Fiscalía le imputó homicidio agravado a Ricardo González, segundo presunto agresor de Jaime Moreno: “fue venganza”)

El proceso judicial se aceleró tras la entrega voluntaria del joven, oriundo de Cartagena, quien se presentó en la URI Canapote, en la capital de Bolívar, acompañado de su abogada defensora. González Castro es el segundo señalado agresor en el caso que ha generado conmoción nacional.

Las imágenes de seguridad han sido cruciales para la investigación. En ellas se identificó a González Castro, por medio de unas “orejas de conejo” de color negro que portaba, no solo dentro del bar momentos antes del altercado, sino también en el video en el que se identificó, cuando atacó por la espalda a la víctima.

De esta manera, la Fiscalía le imputó homicidio agravado a Ricardo González como coautor por la muerte de Jaime Esteban. Luego, si es encontrado culpable, se enfrentaría a una pena de 400 a 600 meses de prisión. Es decir, de 33 a 50 años.

El inicio de la agresión que resultó en el fallecimiento de Moreno Jaramillo es el foco de la imputación. La fiscal aseguró que se trató de un caso de intolerancia, y repasó la versión de los hechos entregada por el otro hombre imputado por el homicidio de Moreno: Juan Carlos Suárez Ortiz.

Según él, —y el relato de otros testigos— la agresión se habría dado porque una de las mujeres que acompañaba a Suárez señaló a Moreno de haber cometido acoso contra ella. “Ese es el de la discoteca”, habría dicho la mujer señalando al joven estudiante.

Sin embargo, la fiscal Reyes fue enfática en que, si bien un caso de agresión o acoso es reprochable, lo correcto hubiera sido llamar a las autoridades y poner en sus manos los protocolos para conseguir la verdad y justicia al respecto.

En ese sentido, los golpes propiciados a Moreno no habrían sido un acto justiciero, ni en defensa propia: “fue venganza”, aseguró Reyes.

Durante la audiencia, la Fiscalía abordó directamente la hipótesis planteada por la defensa sobre el supuesto abuso previo que habría motivado el ataque. La fiscal delegada fue enfática al negar cualquier evidencia que sustente dicha agresión por parte de la víctima a una de las jóvenes involucradas.

Según la funcionaria, si bien los testimonios y grabaciones muestran que los agresores —incluidas las dos mujeres presentes— gritaban que Moreno Jaramillo era un “acosador” durante la golpiza, esto solo sugiere una supuesta venganza por mano propia.

De esta manera, la delegada aclaró que pese al análisis de videos y documentos, “hasta el momento no hay evidencia que confirme la existencia real de esa agresión sexual previa”.

La Fiscalía fue categórica al indicar que, en el hipotético caso de que un abuso hubiera existido por parte de Jaime Esteban Moreno, “nada justificaba la reacción violenta”, pues la ley exige que cualquier denuncia sea puesta en conocimiento de las autoridades.

(Vea también: Toman decisión radical con segundo señalado en crimen de Jaime Moreno: será clave en proceso legal)

Por esta razón, la Fiscalía sostuvo que la motivación del ataque encajó en un motivo abyecto o fútil, es decir, por razones “repulsivas o triviales” y sin pruebas que pudieran respaldar las acciones. Siendo solo agravantes con falta de justificación para el acto cometido.

Además, reiteró que el delito se cometió con dolo directo, ya que los implicados eran conscientes de que sus actos podían causarle la muerte al joven y no tomaron ninguna medida para evitar el fatal desenlace.

Al final de la audiencia, la defensa de Ricardo González criticó lo que llamó un “exceso en la imputación” por parte de la Fiscalía, señalando que el proceso debía centrarse en una “aplicación justa” del derecho penal y no en “inflar cargos como acto de venganza”.

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