A Bogotá le salió enredo con Hospital San Juan de Dios; quedaría endeudada con buena plata

Noticias Caracol hizo un recorrido por el Hospital San Juan de Dios, que ha sido blanco de polémica luego de que se suspendiera el contrato de la obra para hacer mejoras en la infraestructura de Bogotá, por parte del interventor del Gobierno nacional. El Distrito enfrentaría demandas por incumplir lo firmado.

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La torre central del hospital es la que tiene mayores complicaciones, debido a que el interventor del Gobierno nacional ordenó la terminación anticipada del contrato porque había un concepto que asegura que la estructura no debería demolerse sino adecuarse.

La doctora Teresa Tono, experta en infraestructura médica, explicó en Noticias Caracol en vivo que “cuando se está hablando de la infraestructura de un hospital, lo primero es cumplir con una norma internacional de seguridad al paciente, que en Colombia trabajamos desde los estándares de habilitación. El segundo grupo de estándares es el de infraestructura”.

La experta agregó que: “sin cumplir con los estándares de infraestructura en este país, no podemos asegurar la seguridad ni el trato digno y humano para el paciente y los colaboradores”.

La doctora Tono también aseguró que en los hospitales “se deben tener espacios que estén adecuados para que los pacientes no se infecten. Las mujeres, por ejemplo, cuando nos están haciendo una prueba de mamografía, no debemos estar en la mitad de un corredor. Los colaboradores deben tener un espacio de reposo y bienestar”.

¿El Hospital San Juan de Dios está en condiciones para funcionar?

Para la experta, el hospital San Juan de Dios “no cumple con normas eléctricas, de manejo de gases, medicinales ni de protección para los pacientes, en cuanto a la emisión de toda clase de ondas magnéticas. Habría que hacer una readecuación total de una infraestructura como esta para poder cumplir”.

Intervención en el Hospital San Juan de Dios “es ilegal”, dice defensor jurídico

Por su parte, Luis Guillermo Vélez, experto en defensa jurídica del Estado, manifestó que la intervención del Gobierno a la subred Centro Oriente “es ilegal. Fue una intervención excesiva y fue motivada de una manera ilegal. Viola la autonomía del Distrito y no había, realmente, ninguna razón para hacerla”.

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El segundo elemento jurídico para tener en cuenta es la terminación del contrato de remodelación suscrito con el Distrito con una compañía privada. El defensor sostuvo que “esto se iba a remodelar, aquí iba a haber un nuevo hospital. Cuando se hizo la intervención se nombró a un interventor, por parte de la Secretaría de Salud, y lo que este interventor hizo fue terminar el contrato”.

Por último, Vélez habló de las consecuencias que podría tener la ciudad frente al incumplimiento del contrato: “Acá, durante muchos años, vamos a estar metidos en una cantidad de pleitos y los que van a pagar el pato son los ciudadanos bogotanos. Hay demandas millonarias en curso por cuenta de esto, que puede llegar, eventualmente, a los billones de pesos”.

Una cifra aproximada a la indemnización que le solicitan al Distrito por parte de la empresa española Copasa, que fue adscrita para encargarse de las adecuaciones del hospital en la alcaldía de Enrique Peñalosa en 2016, es de  $ 70.000 millones, “de los cuales $ 30.000 millones son por costos en el proceso y $ 40.000 millones por las ganancias que dejaron de percibir”, aseguró El Espectador.