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En la Cámara de Representantes avanzó un proyecto que busca sanciones para el gobierno venezolano, que buscan cercar a su líder para que entregue el poder.
Estados Unidos ha dado un paso decisivo para intensificar las restricciones al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a través de la aprobación inicial de una nueva legislación denominada Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo.
(Lea también: Edmundo González se alista para posesionarse en Venezuela al recibir respaldo de EE. UU.)
Este proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Senado y recibir la firma presidencial para su implementación, busca establecer prohibiciones concretas para los negocios y contratos con entidades que cooperen con el gobierno de Maduro, el cual no es reconocido como legítimo por Washington.
La iniciativa surgió en el contexto de una relación ya tensa entre ambos países y se suma a una serie de medidas previas que han intentado presionar a Maduro y su administración.
Las elecciones venezolanas recientes, que dieron como resultado la reelección de Nicolás Maduro, han sido calificadas de fraudulentas por Estados Unidos, que en su lugar ha mostrado apoyo a Edmundo González Urrutia, un candidato opositor exiliado.
Repercusiones políticas y respuestas bipartidistas Una característica notable de este proyecto es el consenso bipartidista que ha generado en un aspecto clave de la política exterior estadounidense.
Tanto demócratas como republicanos parecen estar de acuerdo en la necesidad de restringir cualquier apoyo económico y corporativo que pueda beneficiar al gobierno de Maduro.
Legisladores como el republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz han sido vocales en su apoyo a la medida, enfatizando la importancia de sancionar y limitar las operaciones económicas que involucren al régimen venezolano.
El proyecto de ley no solamente tiene implicaciones políticas internas en los Estados Unidos sino también impacta en cómo se manejan las operaciones internacionales de empresas estadounidenses y de otros países que tienen intereses en Venezuela, especialmente en el sector petrolero, ya sujeto a sanciones desde 2019.
Esta medida legislativa indica también un probable endurecimiento de las políticas estadounidenses hacia Venezuela con la reciente elección de Donald Trump, quien ha seleccionado al senador Marco Rubio, conocido por su postura dura contra el gobierno de Maduro, como futuro jefe de la diplomacia.
En conjunto, este escenario refleja la complejidad y las tensiones que continúan caracterizando las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Solo el tiempo dirá cuál será el resultado final de esta legislación y su verdadero impacto en esta dinámica bilateral tanto desafiante como crítica.
El gobierno de Venezuela ha respondido de manera contundente a esta medida, tildándola de “ataque criminal” en un comunicado publicado por su ministerio de Relaciones Exteriores.
Para Caracas, el uso del nombre “Bolívar” en la legislación es particularmente insultante, dada la figura histórica de Simón Bolívar como símbolo de lucha contra el imperialismo.
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