Colombia y Nicaragua volverán a La Haya a remar por sus fronteras marítimas

En estos cuatro días de audiencias, la CIJ se centrará en la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas marinas de la costa nicaragüense, tal como exige el gobierno del país centroamericano.

Pero las partes no podrán retomar discusiones ya desarrolladas en el contexto de dicha corte, pues sus normas establecen que en las audiencias orales se traten “los puntos que todavía separan a las partes sin volver a exponer todo lo que ya se trató en los alegatos escritos, ni simplemente repetir los hechos y argumentos ya invocados”.

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En ese marco, la CIJ deberá escuchar la posición de los dos países sobre la posibilidad de que la plataforma continental de un Estado se extienda más allá de las 200 millas náuticas, al punto de sobreponerse al espacio de 200 millas náuticas de otro Estado.

Además, espera definir si existe una regla establecida de costumbres (derecho consuetudinario) que permita la delimitación de una plataforma continental más allá de las 200 millas.

En la parte escrita de este proceso, Colombia ya alegó que la demanda nicaragüense no tiene fundamento e insistió en que posee plena titularidad sobre el área marítima demandada por Nicaragua.

El diferendo de Colombia y Nicaragua: una década de disputas

El caso se arrastra, con idas y venidas, desde hace aproximadamente una década por un área marítima con importante potencial pesquero. En noviembre de 2012, la CIJ otorgó a Nicaragua un área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina.

De esa forma, en la práctica, el fallo dejó las islas en soberanía colombiana rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra agria disputa por la presencia de navíos colombianos en la región.

A raíz del fallo de 2012, el gobierno de Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.

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En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para que se exija a Colombia que se abstenga de violar los espacios marítimos. Finalmente, en abril de este año la Corte en La Haya dictaminó que Colombia violó “los derechos soberanos y jurisdiccionales” de Nicaragua, y añadió que esa conducta “debe cesar de inmediato”.

En ese caso, Colombia alegó que su presencia en esas aguas era consecuencia del cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico.

En ese ida y vuelta de reclamos y demandas, Colombia había presentado contrademandas contra Nicaragua, incluyendo una por violar los derechos de comunidades que habitan en ese archipiélago y que practican pesca artesanal y de subsistencia.

En medio de este proceso, las delegaciones de los dos países experimentaron cambios bruscos este año. En marzo, uno de los principales y más experimentados abogados de la parte nicaragüense, el estadounidense Paul Reichler, renunció a su cargo con una carta en que formuló pesadas críticas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

En tanto, el gobierno colombiano encabezado por Gustavo Petro decidió renovar substancialmente el equipo ante La Haya, sustituyendo al agente y su principal auxiliar en noviembre.

La CIJ fue creada en 1946 para resolver disputas entre Estados. Los países están obligados a aceptar e implementar las sentencias, que son definitivas y no pueden ser objeto de apelaciones.