Destapan problema que golpeará bolsillo de muchos en Colombia: pocos lo veían venir

El mercado del crédito digital en Colombia enfrenta una barrera significativa: la tasa de usura de nuestro país en la actualidad.

Aunque esta fue diseñada para proteger a los consumidores, hoy representa un obstáculo que limita el acceso al financiamiento, especialmente para quienes tienen mayor riesgo crediticio.

(Vea también: A dueños de tarjetas de crédito se les hizo el milagro en junio con deudas en los bancos).

Un análisis de la plataforma especializada VAAS alerta que la tasa fijada en mayo de 2025 en 25,97% anual, calculada como 1,5 veces el interés bancario corriente, afecta particularmente a ‘fintechs’ y entidades no bancarias que operan con estructuras de costos diferentes a las de los bancos tradicionales.

Estas plataformas, que no captan ahorro y se fondean en mercados internacionales con tasas más altas, no pueden operar rentablemente por debajo de ese límite.

Como consecuencia, miles de colombianos quedan excluidos del crédito formal y recurren a opciones informales, cuyas tasas pueden superar el 300%, como en el caso de los ‘gota a gota’.

VAAS propone un modelo de tasa de usura diferenciado que tenga en cuenta los costos reales y el riesgo de estas entidades, similar a esquemas existentes en países como Estados Unidos o Alemania.

La conclusión es clara: si bien es necesario proteger al consumidor, también lo es adaptar la regulación a la diversidad del mercado y evitar que la inclusión financiera siga retrocediendo.

Cómo funciona la tasa de usura en Colombia

La tasa de usura en Colombia es un mecanismo legal establecido para proteger a los consumidores del sistema financiero frente a intereses excesivos que podrían considerarse abusivos. Esta tasa representa el límite máximo que cualquier entidad, sea bancaria o no, puede cobrar por concepto de intereses en operaciones de crédito.

Su cálculo y publicación está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual actualiza este indicador mensualmente. La fórmula para definir la tasa de usura consiste en multiplicar por 1,5 el interés bancario corriente (IBC), que es un promedio ponderado de las tasas que cobran las entidades financieras por los créditos ordinarios y de consumo durante un periodo determinado.

Este límite busca evitar que los prestamistas se aprovechen de los consumidores, especialmente aquellos que tienen menos conocimiento financiero o se encuentran en situaciones económicas vulnerables. Sin embargo, en la práctica, la tasa de usura también impone restricciones al mercado del crédito, especialmente a las fintech y otras entidades no bancarias.

Estas organizaciones, a diferencia de los bancos, no tienen acceso al ahorro del público para financiarse, por lo que dependen de capital externo, muchas veces en dólares, lo que eleva sus costos de operación. Por esta razón, operar bajo la tasa de usura vigente puede resultar financieramente inviable para ellas.

A pesar de su objetivo protector, el modelo actual no diferencia entre tipos de entidades, productos o perfiles de riesgo. Esta falta de flexibilidad ha generado críticas por parte de sectores que consideran que la regulación homogeneizada afecta la inclusión financiera.

De hecho, muchas personas que no califican para un crédito bancario tradicional podrían acceder a un préstamo digital más personalizado, pero se ven excluidas porque estas plataformas no pueden cubrir sus costos sin superar el tope legal.

Cuál es el problema de quienes no acceden al crédito formal

Esto empuja a los usuarios a acudir a prestamistas informales, como los llamados “gota a gota”, donde los intereses pueden superar el 300% anual, generando un problema social aún mayor.

Frente a este panorama, expertos y analistas proponen reformular el cálculo de la tasa de usura o al menos establecer modelos diferenciados que permitan mayor flexibilidad. En otros países como Alemania o Estados Unidos ya existen esquemas donde se ajustan los límites según el tipo de entidad o cliente. La clave está en equilibrar la protección al consumidor con el fomento a la innovación financiera y el acceso equitativo al crédito formal.