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Analistas dan por hecho que el nuevo proyecto de reforma a la salud deja en el limbo varias funciones que actualmente cumplen esas entidades.
El proyecto radicado por el Gobierno Nacional plantea un cambio grande en el modelo que tienen las EPS en Colombia actualmente y, prácticamente, les quita la mayoría de sus funciones. La más importante, sin duda, es el manejo de los recursos del sistema de salud, una tarea que ahora quedaría en manos de los políticos, según cuestionan analistas.
Más allá de este rol de administración de los recursos económicos, expertos hablaron esta semana sobre las demás funciones que cumplen las EPS en Colombia, muchas de ellas sin mayor claridad en el proyecto de reforma a la salud que quiere tramitar pronto el equipo de Gustavo Petro.
Según los analistas, en total son 17 funciones las que están en el limbo y podrían afectar los derechos y beneficios que tienen los pacientes actualmente:
(Vea también: Qué pasará en el Sisbén y subsidios con la reforma a la salud que propone Gustavo Petro)
Según el diario La República, esta discusión en torno a la reforma a la salud se dio en del foro de la ‘Economía de la Salud’, organizado en la Universidad Eafit, en Medellín. Allí también se pusieron sobre la mesa funciones de las EPS que podrían desaparecer bajo el actual proyecto como la gestión de información y el pago de licencias o incapacidades de los trabajadores en empresas.
Este último punto de las incapacidades se abarca de forma somera en la reforma a la salud de Petro. En la parte del proyecto, de 180 páginas, se menciona que las incapacidades también serían asumidas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a través de la creación de varios regionales, que a su vez tendrían presupuesto para ordenar el pago de servicios.
En torno a las incapacidades, el proyecto de reforma plantea lo siguiente:
“La desconcentración de la ADRES para asumir la función de pagador único se basa en la conformación de siete regionales que contratarían la red y tendrían la asignación presupuestal para ordenar el pago de servicios de mediana y alta complejidad, y 33 oficinas departamentales, que recibirían y auditarían en primera instancia tanto cuentas médicas como incapacidades y licencias, además del SOAT, que actualmente se audita centralizadamente”.
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