Presupuesto 2026: ¿Mayor poder para Petro? Polémica por posible “deuda escondida” y control al Ejecutivo

El Congreso de Colombia se encuentra inmerso en un intenso debate alrededor del proyecto de presupuesto nacional para 2026, cuyo monto asciende a 556,9 billones de pesos. Esta discusión ha sido marcada por la controversia que suscitan tres artículos específicos del proyecto—el 8, el 10 y el 88—de los 97 totales. Diversos congresistas de oposición han advertido que estos apartados otorgarían al presidente Gustavo Petro atribuciones extraordinarias para redireccionar recursos públicos justo en un año electoral, lo que podría limitar severamente el control legislativo que tradicionalmente ha supervisado cuestiones sensibles como la deuda pública y la gestión financiera del Estado, tal y como recoge la fuente original.

De los artículos en disputa, el 8 es el foco central de las preocupaciones. Este autoriza al Ejecutivo a emitir nuevos Títulos de Tesorería (TES), una modalidad de deuda pública, sin necesidad de elevar oficialmente el techo de endeudamiento previamente definido por el Congreso. Para Enrique Cabrales, presidente de la Comisión IV del Senado, esta disposición equivale a una “deuda escondida” y pone en tela de juicio la transparencia fiscal y la responsabilidad en el manejo del presupuesto. A su vez, el senador Ciro Ramírez sostiene que la medida permite movilizar recursos en efectivo sin una vigilancia efectiva por parte del Legislativo, lo que representa una amenaza directa a los contrapesos democráticos esenciales para la gobernabilidad.

Este escenario ha llamado la atención de centros de pensamiento económico y académico. La Fundación para la Investigación Económica y Social (Fedesarrollo) reafirma que un aumento en el gasto público sin controles claros y sin ajustar los límites de endeudamiento podría vulnerar la estabilidad macroeconómica, sobre todo frente a la volatilidad regional. A esta alarma se suma el análisis de economistas de la Universidad de los Andes, quienes resaltan el peligro de que el Ejecutivo utilice estos fondos de manera discrecional, favoreciendo agendas políticas personales en época electoral y comprometiendo la confianza tanto de inversionistas nacionales como internacionales.

Por otro lado, el proceso legislativo se ha visto empañado por denuncias sobre “jugaditas” procedentes de la Casa de Nariño, que buscaría aprobar el presupuesto por decreto, eludiendo la discusión y las modificaciones del Congreso. Esta práctica contravendría la función fiscalizadora que la Constitución de Colombia reserva al Legislativo, especialmente respecto al manejo del gasto público y la autorización del endeudamiento, según advierte la fuente original.

La situación adquiere mayor complejidad cuando se observa en perspectiva histórica. El Ministerio de Hacienda aclara que tanto los techos de deuda como las autorizaciones para emitir TES han estado circunscritos a reglas de transparencia, de modo que cualquier incremento en la emisión debe pasar por el Congreso. Esta salvaguarda procura mantener el equilibrio fiscal y evitar decisiones que comprometan el futuro financiero del país sin validación democrática.

El clima electoral intensifica el debate, pues la redistribución del gasto estatal en estos periodos puede incidir en los resultados de las votaciones. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) citado en el texto, ya existen antecedentes en otras naciones latinoamericanas en los que el control presupuestal laxo ha tenido repercusiones políticas y económicas inmediatas. Ello recalca la importancia de preservar un adecuado sistema de contrapesos.

Desde la academia, expertos en derecho constitucional insisten en que el Congreso no debe abdicar de su papel garante del equilibrio de poderes. Aprobar artículos que reduzcan la capacidad de control legislativo podría sentar peligrosos precedentes para la separación de poderes y la rendición de cuentas pública, como lo señala la Revista Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia.

En conclusión, el debate por el presupuesto 2026 trasciende el monto aprobado y pone a prueba los mecanismos de supervisión y transparencia institucional, condiciones necesarias para salvaguardar la confianza en la gestión del Estado colombiano a futuro.

¿Qué son los Títulos de Tesorería (TES) y por qué son relevantes en el presupuesto nacional? Dentro del contexto colombiano, los Títulos de Tesorería (TES) son instrumentos financieros utilizados por el Estado para obtener recursos mediante la colocación de deuda pública en el mercado. Estos recursos sirven para financiar el déficit fiscal o cubrir necesidades de caja pero, como advierten expertos citados, una emisión sin control parlamentario puede comprometer la sostenibilidad fiscal. La importancia de los TES radica en su capacidad para afectar tanto el endeudamiento como la estabilidad económica, motivo por el cual su manejo ha estado tradicionalmente sometido a estrictos controles legislativos.

¿De qué manera el proceso de aprobación por decreto afectaría el control democrático sobre el presupuesto? La adopción del presupuesto nacional por decreto, esto es, sin la deliberación y las enmiendas que puede introducir el Congreso, significaría un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos previsto en la Constitución colombiana. Como resaltan los analistas en el texto, esta práctica reduciría el margen de acción del Legislativo y podría abrir la puerta a intervenciones del Ejecutivo sin mayor fiscalización, lo que representa un riesgo para la transparencia y el equilibrio entre los poderes públicos.