Golpe que Petro planea darle a Luis Carlos Sarmiento y lo impactaría los próximos 20 años

Economía
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Escrito por:  Redacción Economía
Actualizado: 2023-08-30 20:28:42

El presidente invocaría un decreto que le da competencia a la Superintendencia de Sociedades, para lograr una inhabilidad de las compañías de Sarmiento.

El panorama bancario en Colombia tuvo varios sobresaltos con el hallazgo de que el Grupo Aval, uno de los conglomerados pertenecientes a Sarmiento Angulo, estaba metido en serios problemas a nivel internacional por el caso de Odebrecht.

(Vea también: Quiénes son los dueños de Corficolombiana, empresa que fue multada junto al Grupo Aval)

En su momento, se conoció que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) de ese país le impusieron multas al Grupo Aval por el sonado caso de corrupción.

Ese hecho fue desmentido por el mismo Luis Carlos Sarmiento, quien le bajó la presión al tema diciendo que “el DOJ y la SEC no continuarán con alegatos de corrupción de cualquier oficial, director o accionista de Grupo Aval ni de Corficolombiana”.

Cuál sería la estrategia de Petro para inhabilitar a Grupo Aval, de Sarmiento Angulo

Pero el presidente Gustavo Petro no se quedó de brazos cruzados y estaría planeando hacerle una jugada a Sarmiento, con la que espera que el millonario pago de 80 millones de dólares a la justicia estadounidense no sea el único castigo para el banquero.

Cambio informó que la estrategia que pondría en práctica el Gobierno sería aplicar el Decreto 1358 de 2020, que le otorga competencia a la Superintendencia de Sociedades para inhabilitar empresas a partir de la “declaratoria de responsabilidad administrativa por haber incurrido en la conducta de soborno transnacional”.

Con esa declaración, se llevaría a cabo la terminación de contratos de empresas como Corficolombiana y el Grupo Aval con el Estado aduciendo que esas compañías se encuentran inmersas en actos de corrupción.

Si esa jugada le sale bien a Gustavo Petro, Luis Carlos Sarmiento y sus empresas estarían inhabilitadas para contratar con el Estado por los próximos 20 años, lo que supondría un duro golpe para los intereses del empresario.

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