Miles de comerciantes podrían quebrar pronto en Colombia: dan nuevo aviso que asusta

El informe de las firmas especializadas Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera advierte que, al cierre de 2025, más de 16.000 personas y alrededor de 4.000 comerciantes en Colombia podrían declararse en quiebra.

Entre enero y agosto ya lo hicieron 10.684 personas, lo que representa un aumento del 53,3 % frente a 2024. Las causas más comunes son mal manejo de las finanzas, desempleo, informalidad laboral, sobreendeudamiento y emprendimientos fallidos.

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A esto se suma que cada vez menos deudores logran acuerdos con acreedores: en el 63 % de los casos no se concretan convenios de pago.

El estudio revela que la edad promedio de quienes se declaran insolventes está entre 38 y 50 años, predominando los hombres con un 58,1 %. Bogotá encabeza el número de insolvencias, pero Atlántico registra el mayor crecimiento con un 170 %, seguido por Antioquia, Norte de Santander, Valle y la capital.

Esta situación refleja la fragilidad de los hogares y el endurecimiento de las políticas de apoyo financiero por parte de algunas entidades.

En el caso de los comerciantes, se estima que un 5 % de los más endeudados no podrá sostenerse, en parte gracias a la reciente reforma que les permite acogerse a la Ley de Insolvencia para personas naturales, de la cual antes estaban excluidos.

Por qué la quiebra de comerciantes afectaría a Colombia

La quiebra de comerciantes en Colombia representa un problema profundo que trasciende lo individual y afecta a la economía en su conjunto. Cuando un comerciante no puede sostener su negocio, se interrumpe un ciclo económico que genera empleo, tributos y movimiento en el mercado. Los pequeños y medianos comerciantes son una pieza clave del tejido productivo nacional, pues dinamizan la economía local, abastecen a comunidades y generan oportunidades de trabajo formal e informal.

Su desaparición implica que muchas familias pierden su fuente principal de ingresos, lo cual aumenta la vulnerabilidad social y la dependencia de programas estatales, además de debilitar la capacidad de consumo de la población.

Otro impacto negativo es la reducción de la competencia en el mercado. Cuando los comerciantes cierran, las opciones para los consumidores disminuyen y esto abre espacio para que grandes cadenas concentren la oferta y suban precios.

La quiebra de pequeños negocios también significa un retroceso en la diversidad de productos y servicios, afectando especialmente a sectores tradicionales o regionales que dependen de canales de venta locales. Asimismo, al dejar de tributar estos comerciantes, se reduce la recaudación fiscal de municipios y departamentos, limitando la inversión en infraestructura y programas sociales que dependen de estos recursos.

Además, la quiebra de comerciantes desincentiva el emprendimiento y la inversión, generando un clima de desconfianza en la estabilidad económica del país. Cuando los casos de insolvencia aumentan, se envía una señal de riesgo a los potenciales emprendedores e inversionistas, quienes pueden preferir mantener sus recursos en actividades menos productivas o incluso trasladarlos al exterior.

En este sentido, la quiebra no solo afecta al comerciante directo, sino que debilita la confianza en el sistema financiero y en la capacidad del Estado para ofrecer condiciones estables para el crecimiento económico.