Se acabaría dolor de cabeza para usuarios de servicios públicos que olvidan pagar a tiempo

El Congreso de la República de Colombia discute actualmente un proyecto de ley que busca actualizar el marco legal de los servicios públicos domiciliarios (que podrían bajar de precio), regulado desde 1994 por la Ley 142.

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La propuesta, en revisión dentro de la Comisión Sexta del Senado, plantea una transformación significativa en cómo se prestan servicios como agua, energía y gas natural, con un enfoque en equidad, eficiencia y protección al usuario.

La iniciativa contiene nueve artículos, de los cuales siete introducen cambios directos al régimen vigente. El objetivo central es adaptar la normativa a las nuevas realidades técnicas y sociales, abordando temas como estructura tarifaria, derechos de los usuarios, transparencia en la facturación y condiciones de acceso al servicio.

Cambios  en facturación de servicios públicos que beneficiaría a usuarios

Otro componente clave de la reforma es la regulación de los tiempos y condiciones de facturación. El proyecto establece que las empresas deberán entregar las facturas al menos con 15 días de anticipación a la fecha límite de pago.

Además, deberán otorgar un plazo mínimo de 10 días entre la fecha de vencimiento y una posible suspensión del servicio por mora. Esto busca prevenir cortes injustificados y proteger al usuario.

El texto también prohíbe cobros por servicios no prestados, tarifas no pactadas o cualquier modificación sin respaldo legal. Los cargos por reconexión o reinstalación solo serán válidos si se demuestra que el servicio fue efectivamente suspendido y restituido.

Además, se exige que las empresas basen sus cobros en lecturas reales del consumo, minimizando las estimaciones arbitrarias. Si se detectan anomalías, la empresa deberá investigar antes de facturar. En caso de no encontrar una explicación válida, el cobro deberá ajustarse con base en el promedio del último año o en una medición alternativa.

La reforma también contempla que las fórmulas tarifarias tengan una vigencia de cinco años, con posibilidad de revisión en casos excepcionales, como errores de cálculo, incumplimientos de inversión o situaciones que afecten la sostenibilidad del servicio.

En este sentido, el proyecto busca:

• Modernizar el sistema regulatorio tras 30 años.
• Fortalecer la protección al usuario.
• Aumentar la transparencia en la facturación.
• Mejorar la equidad en el acceso a subsidios.

De ser aprobado en todas sus etapas legislativas, el proyecto reemplazaría las normas actuales incompatibles y entraría en vigor tras su publicación oficial.

¿Cómo funcionarían subsidios a la energía  según altitud?

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la redefinición del consumo de subsistencia en el servicio de energía, es decir, la cantidad mínima de kilovatios hora que deben ser subsidiados por el Estado, según recogió Red + Noticias. Los nuevos rangos propuestos variarán según la altitud de la vivienda:

• Menos de 500 metros sobre el nivel del mar: hasta 230 kWh mensuales subsidiados.
• Entre 500 y 1.500 metros: hasta 173 kWh subsidiados.
• Más de 1.500 metros: hasta 130 kWh subsidiados.

El incremento hacia los 230 kWh en zonas cálidas se aplicaría de forma gradual, en un plazo de tres años, para evitar afectaciones abruptas en los subsidios que reciben los hogares más vulnerables.