La medida cautelar, revelada por el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, estará vigente mientras se adopta una decisión de fondo dentro de una acción de tutela. La providencia establece que, antes de realizar cualquier operación aérea, las autoridades están obligadas a adoptar y verificar los protocolos de precaución necesarios, evaluando si existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo.

Este pronunciamiento se conoce tras los recientes operativos militares desarrollados contra las disidencias de alias Calarcá en El Retorno, Guaviare, una acción que dejó diez integrantes de esa estructura muertos. Tras la recuperación de los cuerpos por parte de Medicina Legal, se confirmó la identificación de tres menores de edad, de 15 y 16 años, entre las víctimas, un hecho que reabrió con máxima intensidad el debate nacional sobre el reclutamiento forzado y las consecuencias operativas de los bombardeos.

Cabe destacar que, en su primer mes de administración, el presidente Abelardo De la Espriella ha impulsado una política de ofensiva total contra las estructuras armadas, registrando cuatro bombardeos en este periodo. Aunque el mandatario había defendido previamente estas operaciones argumentando que la responsabilidad absoluta recae sobre los grupos criminales que utilizan a los menores como escudos humanos, la nueva disposición impone un condicionamiento estricto a la Fuerza Pública.

De este modo, la decisión no representa una prohibición absoluta de los ataques aéreos contra los grupos al margen de la ley, pero sí fija una obligación imperativa: la presencia verificable de menores obliga a buscar alternativas tácticas de menor impacto. El alcance de esta medida será determinante para el rumbo de la seguridad nacional y las futuras acciones militares en las regiones del país con fuerte presencia criminal.