En el Gobierno del presidente Gustavo Petro, su rama, la Ejecutiva, se ha caracterizado por querer invadir las esferas de las otras dos, la Legislativa y la Judicial. Esa ha sido la impronta de esta administración con los riesgos que conlleva para la democracia. En medio de esa grave distorsión del sistema de pesos y contrapesos, que de consolidarse daría origen al totalitarismo, suenan como mecanismos desajustados los balances anuales de cada una de esas ramas. Al Gobierno no le ha ido tan bien como afirma, pero el Congreso de la República también tiene sus pendientes.
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Si bien la administración Petro destaca (con grandes interrogantes) logros como la lucha contra la pobreza, la transición energética, la reforma agraria (reparto de tierras), avances en educación superior y más recientemente el incremento del salario mínimo, también es duramente cuestionada por su falta de ejecución, el descontrol en el orden público, los escándalos de corrupción, el carácter pendenciero del presidente con sus virulentos ataques contra empresarios, banqueros y periodistas, entre otros, y las derrotas de varias de sus iniciativas en el Legislativo, lo que ha convertido a los congresistas también en blanco de sus dardos.
Pero el Congreso de la República, a las puertas del 2025, se encuentra en una encrucijada: mientras la ciudadanía espera respuestas a sus necesidades, las acciones de los congresistas sugieren la preocupante pregunta de si realmente están legislando para el país. El panorama es desolador: de los más de 2.000 proyectos de ley radicados desde julio de 2022, apenas 5 % se han convertido en ley, de acuerdo con un informe de Extituto de Política Abierta, un tanque de pensamiento de la sociedad civil conformado por un equipo interdisciplinario con experiencia en el trabajo con comunidades con enfoque de género y territorial.
Si bien en la tercera legislatura hubo un aumento en la radicación de proyectos de ley, con 721 presentados solo en el segundo semestre, un 14 % más que en los dos años anteriores (datos de Congreso Visible), esta aparente actividad legislativa esconde para Extituto una preocupante realidad: la productividad del Congreso es mínima a la luz de ese 5 % de proyectos que se han convertido en ley. Además, la participación de los propios congresistas en la generación de leyes ha disminuido drásticamente: solo el 32 % de los proyectos presentados son de su autoría, a diferencia del 55 % en legislaturas anteriores.
“Este trancón legislativo se agrava a medida que se acerca el final del periodo. Mientras han incrementado la presentación de proyectos, los congresistas han reducido sus iniciativas, posiblemente anticipando la falta de tiempo para tramitarlas”, considera Extituto. “La agenda legislativa, dominada por las reformas del Gobierno (financiamiento, política, Sistema General de Participaciones, jurisdicción agraria, salud y laboral), ha encontrado una creciente oposición, convirtiendo la inicial “autopista” legislativa del presidente en un atasco en hora pico”.
Para este tanque de pensamiento, también resulta “alarmante” que iniciativas cruciales para el fortalecimiento democrático, como el castigo al ausentismo parlamentario, la promoción de la paridad en corporaciones públicas y la reforma política, no hayan prosperado. “En contraste, el transfuguismo –una práctica que permite a los congresistas cambiar de partido sin enfrentar sanciones por doble militancia– ha encontrado un sospechoso respaldo en el Congreso. Esta decisión, sumamente conveniente para los legisladores de cara a las próximas elecciones, plantea serias dudas sobre el compromiso real del Congreso con la democracia y la representación ciudadana”.
Ese controvertido proyecto de acto legislativo que permitiría el transfuguismo, recientemente aprobado en primera vuelta, continuará su trámite. “De aprobarse esta medida, si bien podría resultar conveniente electoralmente para algunos, tendría consecuencias negativas para el fortalecimiento de los partidos políticos. Facilitar el cambio de partido sin penalización por doble militancia podría debilitar la cohesión y la lealtad partidista, afectando la representación y la estabilidad del sistema político”, estima Extituto.
En medio de esta situación, la agenda de género sigue siendo de odios y amores dentro del Congreso. “Si bien existió una gran unanimidad para prohibir el matrimonio con menores de edad, protegiendo principalmente a niñas de ser obligadas a casarse, el Congreso aún no avanza en relación con los derechos de las personas LGBTIQ+”, destaca Extituto.
“En el segundo semestre del año se radicó nuevamente, después de hundirse en el Senado el periodo pasado, la ley que busca prohibir […] actos violentos físicos y psicológicos contra personas con orientación sexual diversa, además el movimiento trans en Colombia radicó una iniciativa construida por la sociedad civil denominada Ley Integral Trans Ya, que apela a la garantía de derechos de esta población”, recuerda.
Pero, en contraste, iniciativas como “con los niños no te metas” buscan regular el acceso a la salud de personas menores de edad trans. “El Congreso a la fecha no ha legislado para la población LGBT en Colombia, sigue en deuda por ampliar sus derechos; sin embargo, se avizora un panorama espinoso en estos debates que seguramente ocupará la agenda electoral.
Como si todo esto fuera poco, el segundo periodo legislativo, que transcurrirá entre el 16 de febrero y el 20 de junio de 2025, estará fuertemente marcado por el contexto preelectoral, tanto para las elecciones legislativas como para las presidenciales de 2026. “Con varios congresistas aspirando a la presidencia, la búsqueda de visibilidad y el fortalecimiento de sus bases electorales se convertirán en la prioridad”, advierte Extituto. “Esto se traducirá en una mayor competencia entre bancadas por posicionar temas que les otorguen respaldo político, diversificando la agenda legislativa con iniciativas que respondan a demandas regionales, sectoriales y partidistas”.
Si bien las reformas impulsadas por el Gobierno, como la laboral y la de salud, mantendrán su prioridad, se espera un mayor protagonismo de propuestas de origen congresional. Así, el 2025 se antoja como un año en el que el Congreso también debe mejorar sus indicadores y satisfacer las expectativas que el pueblo colombiano también depositó en él.
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