A finales de marzo de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un incidente de desacato en contra del exguerrillero.
Hasta esa fecha, Henry Castellanos no había comparecido ante ese tribunal para explicar su presunta responsabilidad en los secuestros cometidos por las Farc en el marco del conflicto armado.
En ese sentido, el abogado de Castellanos aseguró que su defendido recibió amenazas y además aseguró que no había seguridad jurídica para que el excomandante se presentara ante la JEP.
Por esa razón, el tribunal pidió a 8 entidades nacionales y una internacional verificar la situación de ‘Romaña’ entre otras cosas para establecer si hay pruebas, si hay riesgo para su vida y la de su familia, para determinar si continúa en el país o si se esté rearmando o si está en algún espacio territorial, precisó Caracol Radio.
Un total de 30 días hábiles tendrán la Unidad de Protección, la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa, Migración Colombia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y hasta la Misión de Verificación de la ONU, para aportar las pruebas requeridas por los magistrados, agregó ese medio.
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