En el 2013, un noticiero filipino captó una escena inusual: decenas de manifestantes irrumpieron en un cultivo de arroz y arrancaron sus tallos a puñados. La protesta era en contra del llamado “arroz dorado”, una variedad genéticamente modificada y diseñada para producir betacaroteno, una fuente de la vitamina A.
Al ver lo que estaba sucediendo, los científicos detrás de este producto manifestaron su indignación. Para ellos era un “importante retraso” en el proyecto en el que se habían embarcado años atrás: esperaban que la distribución del arroz ayudara a suplir la deficiencia de vitamina A, que entonces afectaba a más de 1,5 millones de niños en Filipinas.
Este mediático episodio representa bastante bien el debate en torno a los organismos genéticamente modificados (OGM), que, en palabras sencillas, son organismos a los que se les ha transferido un gen para que expresen una característica útil. En ocasiones, la discusión ha desatado un choque entre los científicos que respaldan esta tecnología y grupos que son partidarios de no desarrollarla.
En Colombia está sucediendo algo similar: Juan Carlos Losada, representante a la Cámara, radicó hace unos días un proyecto de ley que busca prohibir el ingreso, la producción, comercialización y exportación de semillas transgénicas en el país, a excepción de contados casos en que se requieran para combatir la inseguridad alimentaria, pero su plan ha desatado una gran controversia.
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“Me parece que, en un país megadiverso y agrario como el nuestro, es relevante tomar precauciones con las semillas transgénicas, viendo los desastres que han causado en otros países”, explica Losada. A lo que se refiere es, dice, a los negativos impactos sociales, ambientales y de salud humana que se han presentado en otros lugares por los cultivos transgénicos.
El proyecto de ley fue respaldado por 19 congresistas más, entre los que están Iván Cepeda, Inti Asprilla y María José Pizarro, y sostienen, entre otras cosas, que el mercado de los transgénicos es nocivo e incentiva la dependencia de los pequeños productores a las multinacionales que controlan las patentes de la tecnología para modificar las semillas.
El documento, sin embargo, no convence a todo el mundo y, de hecho, generó rechazo entre más de cien científicos y académicos colombianos, quienes escribieron dos cartas para manifestar su desacuerdo con el proyecto de ley. “El proyecto no mide los alcances que una prohibición como esta puede tener para el desarrollo científico, productivo y sostenible del país, así como para generación de instrumentos que protejan el medio ambiente (…) No es ético negar al agricultor el derecho al acceso a los avances científicos para una agricultura más eficiente y ecoamigable”, dice una de las cartas.
Elizabeth Hodson de Jaramillo, quien firmó uno de estos textos, participó en la Misión de Sabios y es experta en agrobiotecnología y bioseguridad, define la propuesta de Losada en tres palabras: “Es un absurdo”.
Según ella, las semillas transgénicas son una buena herramienta para que los agricultores puedan incrementar su productividad, a la vez de que mitigan los impactos ambientales. Por ejemplo, hoy se comercializan cultivos con genes para tolerar algunas plagas, lo que permite la disminución de insecticidas. “A futuro, además, se está trabajando para que los cultivos puedan ser resistentes a épocas de sequía o humedad, por el cambio climático, o que tengan mucho más rendimiento”, agrega la científica.
Ciencia y desinformación sobre los transgénicos
En el libro Seeds of Science: Why We Got it So Wrong on GMOs, el periodista Mark Lynas relata un capítulo que fue, para él, el “paso en falso más grande, que activó el movimiento en contra de los OGM”. Cuenta que en 1996 la empresa Monsanto desarrolló las primeras semillas transgénicas resistentes al glifosato, de manera que los productores pudieran rociarlo para controlar la maleza, sin dañar los cultivos.
Losada critica, justamente, que el desarrollo de los cultivos genéticamente modificados ha aumentado el uso de glifosato, que hoy es el herbicida de mayor uso en el planeta, y que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado como “posiblemente cancerígeno” (aunque ese es un debate para otro artículo).
Sin embargo, la respuesta de científicos como Elizabeth Hodson a esta crítica es que, aunque es factible que sí se haya aumentado el uso de este herbicida, no es un problema que hayan traído exclusivamente los transgénicos, pues el glifosato es usado de manera masiva en el campo, debido a su gran eficiencia.
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No es la única crítica que tienen frente a los argumentos de Losada. Su proyecto de ley, dicen, tiene desinformación científica. Por ejemplo, uno de los estudios citados en el texto es una famosa investigación del biólogo francés Gilles-Éric Séralini, quien se propuso evaluar los efectos en la salud de ratas alimentadas con maíz genéticamente modificado y “encontró que el 50 % de las ratas macho y 70 % de las hembras presentaron muerte antes de tiempo, se provocaron alteraciones hormonales y graves daños en sus órganos”, se lee en el documento del congresista.
Sin embargo, esta investigación tuvo que ser retractada por la revista donde se publicó inicialmente, ya que científicos y agencias reguladoras concluyeron que el diseño del estudio tenía fallas y sus resultados no tenían fundamento. El documento fue publicado de nuevo en otra revista, pero académicos de todas partes del mundo aún dudan de su credibilidad.
Ian Musgrave, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Adelaida, dijo que “los principales defectos del estudio permanecen (…) todo lo que vemos en estos resultados se debe a la variación aleatoria en un experimento mal controlado. No muestra que el maíz transgénico o el glifosato, incluso en concentraciones a las que ningún ser humano estaría expuesto a través de la dieta, tengan algún efecto sobre el cáncer o la mortalidad”.
Losada insiste en que, aunque fue retractado, “la investigación arroja conclusiones que resuenan con otros estudios que traen ideas similares”.
Pero, entonces, ¿qué ha concluido la ciencia sobre los cultivos transgénicos? ¿Generan más riesgos que los tradicionales? “Lo primero que hay que decir de los transgénicos, entonces, es que son algo natural. Hoy en día, lo diferente es que el proceso es mucho más rápido y preciso”, explica Paul Chavarriaga, biólogo y líder de la Plataforma de Transformación Genética y Edición de Genomas del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). En marzo de este año, este Centro inauguró un banco para conservar semillas nativas en Cali.
“No son cientos, sino miles de estudios que han evaluado los cultivos genéticamente modificados durante estos 25 años desde que se comercializan y no hay uno solo que haya concluido, sin lugar a duda, que haya habido un efecto adverso en la salud humana o el medio ambiente”, dice María Andrea Uscátegui, microbióloga industrial y directora de Agro-Bio, organización que respalda el uso de los cultivos genéticamente modificados y trabaja con aliados interesados en su desarrollo, producción y comercialización.
En 2016, la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos lanzó una revisión de todas las investigaciones sobre OGM hasta la fecha. El reporte concluyó que, aunque siempre es difícil establecer con absoluta certeza la seguridad de cualquier producto de comida, “no se han encontrado diferencias que impliquen un mayor riesgo para la salud humana y la seguridad de los alimentos transgénicos [actuales] que de sus contrapartes no transgénicas”.
De hecho, dice Hodson, “desde hace por lo menos 20.000 años, cuando comenzaron los cultivos, los humanos hemos hecho un mejoramiento selectivo de plantas y animales”. Un ejemplo de esto es la escogencia de las plantas con mejor rendimiento en distintos tipos de suelo. “Los métodos eran mucho más simples, mucho más primitivos, pero se ha venido manipulando el genoma de las especies que consumimos desde ese momento”, asegura. Hoy, como cuenta Uscátegui, existen catorce tipos de cultivos transgénicos en el mundo, entre los que están la soya, el maíz, algodón y la canola. Son productos que fueron posibles gracias a la transgénesis, el método por medio del cual se introducen o modifican genes en cualquier organismo, con técnicas de biotecnología.
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A grandes rasgos, el proceso es el siguiente: primero, se identifica un gen deseado en un organismo, como la resistencia a ciertos insectos. En este caso, la característica la tiene una bacteria llamada Bacillus thuringiensis, que está en el suelo y produce una toxina que es letal para ciertos lepidópteros (un grupo de insectos). “Después, se recorta la parte de su genoma que nos interesa y se inserta, por ejemplo, en una yuca o un maíz”, indica Chavarriaga. De ahí surgen los cultivos de maíz Bt, que son tolerantes a ciertas plagas.
Aunque esta característica no es una fórmula mágica, sí ayuda a disminuir el uso de insecticidas, dice Hodson. Un estudio publicado en la revista GM Crops and Food (Cultivos y comida genéticamente modificados) concluyó, por ejemplo, que el uso de cultivos transgénicos de algodón y maíz en Colombia ha reducido el uso de insecticidas y herbicidas en un 19 %.
¿Qué dicen los críticos de los transgénicos?
El reporte publicado en 2016 por la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos indica que, a pesar de que los científicos ciertamente deben aportar su conocimiento a esta discusión, no son los únicos que pueden hacerlo. “La política con respecto a los cultivos transgénicos tiene dimensiones científicas, legales y sociales (…) y no todos los problemas pueden ser respondidos solo por la ciencia”, concluyó la revisión.
En ese sentido, muchos aún tienen dudas por el sistema que se ha generado en torno a los transgénicos. Uno de los problemas que ve Diana Córdoba, profesora de la Universidad de Queens, de Canadá, e investigadora de desarrollo agrario es que las patentes de la tecnología para modificar las semillas pueden afectar la soberanía de los productores sobre lo que cultivan. “Usualmente, los agricultores guardan y tratan de replicar las semillas para la siguiente cosecha, pero eso no se puede hacer con los transgénicos”, explica y agrega que las dinámicas que generan los OGM son menos democráticas que las usuales, por esta relación que se crea entre pequeños productores y grandes multinacionales. “No es que la tecnología sea mala o buena en sí misma, sino todo el sistema tecnológico que se crea alrededor”, opina.
Al respecto, Paul Chavarriaga dice que la forma de hacerle contrapeso al monopolio de las multinacionales es promoviendo la inversión en la investigación e iniciativas nacionales. “Se necesitan muchos recursos para financiar las pruebas que requiere la regulación colombiana. Esa es la única razón por la que solo hay productos de grandes compañías”, explica. “Y un proyecto de ley como el propuesto por Juan Carlos Losada frenaría completamente el apoyo a iniciativas nacionales”, agrega.
Por otra parte, a Hodson le parece que el propósito del proyecto de ley es antidemocrático, porque impide que los productores sean quienes decidan si compran semillas transgénicas o no. Pero Losada dice que esta no puede ser “una determinación individual”, sino que “tiene que ser una decisión del modelo agroalimentario que queremos para el país, y eso le corresponde al Estado colombiano y a quienes hacemos política pública”.
¿Cuál es ese modelo? ¿No tienen cabida en él los transgénicos? ¿Cómo llegar a un consenso? Son preguntas difíciles de resolver, pero Tomás León Sicard, agrólogo y profesor del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, cree que uno de los problemas es que los organismos genéticamente modificados pueden profundizar las malas prácticas agrícolas que existen.
Con esto quiere decir que no son los únicos culpables del uso extendido de un herbicida como el glifosato, pero que sí pueden intensificar la dependencia a este tipo de agroquímicos o la existencia de los monocultivos. “Nos tenemos que preguntar sobre el rol de los transgénicos en este sistema, que yo creo que es el equivocado. Mi punto es que no necesitamos estas semillas, sino que debemos hacer más bien una transición a un modelo de agricultura ecológica”, agrega
En 2021, el medio alemán DW reportó que cuatro empresas —Bayer, Corteva, Syngenta y Limagrain— controlaban más del 50 % de este mercado. “Para mí, esto es de gravedad para la soberanía y seguridad alimentaria del pueblo”, opina Losada.
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¿Cómo funciona la regulación de transgénicos en Colombia?
Hoy, en Colombia hay cultivos con tres productos genéticamente modificados: algodón, maíz y flores. En el 2003, se aprobó la primera importación de algodón transgénico y, en 2007, la de maíz. La organización Agro-Bio indica que ha habido un crecimiento sostenido de las hectáreas cultivadas, del 10 al 30 %, de año a año desde su autorización. El año pasado, se sembraron 150.451 hectáreas de cultivos transgénicos, en su mayoría de maíz (142.975 ha), seguidas por algodón (7.464 ha) y flores azules (12 ha). Pero ¿cómo es el proceso por el que deben pasar estos cultivos para ser aprobados? “Estas son las semillas más reguladas de la historia. Desde 1996 ha habido en Colombia un marco regulatorio para ellas”, explica Uscátegui, de Agro-Bio.
En el país, un comité interministerial conformado por representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ciencia y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el encargado de aprobar el permiso para los cultivos transgénicos que vayan a ser importados o exportados. El proceso para dar el sí es extenso y se puede demorar hasta tres años, según el ICA.
La solicitud de una empresa que quiera pedir una autorización para los OGM debe incluir una lista de información de características generales, como el uso autorizado, el proceso para la modificación genética o si la proteína introducida es inocua. Después de esto, el ICA hace un informe público y un documento de evaluación de riesgo del producto. Este informe se presenta luego al Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio), conformado por los tres ministerios mencionados. El Comité le recomienda al ICA desarrollar unos estudios de bioseguridad en campo y, dependiendo de los resultados obtenidos, puede recomendar medidas, aprobar el transgénico o rechazarlo. Alberto Rosero, director técnico de semillas del Instituto, explica que entre los riesgos que evalúan están: la probabilidad de transferencia de genes a semillas nativas, la afectación a organismos que no son objeto de la tecnología y si pueden ser alergénicos o tóxicos.
“Contamos con una matriz para evaluar el riesgo, con la probabilidad de que ocurra y la gravedad de las consecuencias. Por ejemplo, si hay un riesgo muy probable con consecuencias menores, lo estimamos como moderado. Si hay un riesgo poco probable con consecuencias intermedias, es un riesgo alto”, explica Rosero. Si una semilla conlleva un riesgo alto o muy alto, el ICA no la autorizaría y, si es un riesgo moderado, se recomiendan medidas de bioseguridad.
Sobre el tema, el informe de 2016 de la Academia de Ciencia de Estados Unidos sobre transgénicos advirtió que las regulaciones actuales pueden resultar anticuadas con los nuevos avances científicos como CRISPR-Cas9, una tecnología que permite editar, quitar y reemplazar partes del genoma de una forma rápida y eficiente. Esta innovación, dice el reporte, expandirá los límites de la ingeniería genética.
De hecho, a finales del año pasado, por primera vez, una compañía japonesa liberó un tomate editado con la tecnología CRISPR-Cas9 para la venta directa a consumidores. El alimento fue modificado para tener cinco veces la cantidad de un aminoácido llamado GABA por sus siglas en inglés, que, según la compañía, ayuda a disminuir la presión arterial. Su debut en el mercado podría abrir el paso a más alimentos mejorados, que están el camino de ser más accesibles para cualquiera, indicó la revista científica Nature.
A pesar de que los grupos a favor y en contra de los transgénicos tengan muchos puntos de choque, en algo en lo que coinciden es que la ciencia, tecnología e innovación deben estar al servicio de resolver los problemas del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la nutrición y la inseguridad alimentaria. “Tenemos”, puntualiza Losada, “una diferencia en el cómo, pero no en el qué”.
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