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Por el atentado en contra del padre de la vicepresidenta Francia Márquez, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se manifestó. La organización condenó el ataque hacia la alta funcionaria del gobierno de Gustavo Petro y, además, se refirió a los recientes ataques en contra de la Fuerza Pública en Cauca y el Valle.
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Sobre el ataque contra Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta Francia Márquez, en la vía que comunica a Timba (Cauca), con el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, (Valle del Cauca), la organización señaló que la situación en los dos departamentos es preocupante.
“Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en Colombia, incluyendo el atentado de ayer contra el padre de la Vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de policía de Suárez, y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los combates en medio de la población civil en Madrigal —Policarpa— Nariño; el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cuaca, Caquetá, Huila o Nariño; y el homicidio de personas defensoras y líderes”, dijo Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
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De acuerdo con la representante De Rivero, la ONU seguirá con su observación de la situación del país sobre “la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales contra la población civil, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas y organizaciones de base”.
La ONU además refirió que “El Estado en su conjunto, autoridades civiles y militares, deben trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos. Esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana, adoptada por el gobierno y que debe ser desarrollada en todos los niveles, civiles y militares, y acompañada por la política de desmantelamiento de la criminalidad, con investigaciones de fondo frente a las estructuras que favorecen la violencia”.
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Igualmente, agregaron que la acción conjunta del Estado y una estrategia de protección de derechos humanos en los territorios, “puede cambiar la situación que está viviendo Colombia. Colombia tiene la capacidad de cambiar la violencia por la garantía de derechos”.
Finalmente, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sostuvo que los diálogos de paz que adelanta el gobierno con distintos grupos armados “deben tener como objetivo la protección de la población civil, fortalecer la presencia integral del Estado, frenar la violencia y la expansión territorial de grupos armados no estatales, y lograr la garantía de los derechos humanos”.
Desde la ONU le pidieron a los grupos armados que, por lo menos, respeten los derechos humanos de toda la población civil, incluidas mujeres, niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.
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