Por solicitud de la Fiscalía, un juez expidió las órdenes por el ataque perpetrado el pasado jueves 17 enero contra la Escuela de Policía General Santander, que dejó 20 cadetes muertos y 68 personas heridas. Así lo confirmó el ente en su cuenta de Twitter:

La Fiscalía detalló que por este acto terrorista, los cuatro comandantes “deberán responder por delitos considerados infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)” y “graves violaciones” a los derechos humanos.

Escuela de Cadetes General Santander

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Ese anuncio se dio después de que el presidente de Colombia, Iván Duque, desconoció los protocolos firmados durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, notificó la reactivación de las órdenes de captura de los negociadores de paz del Eln que están en La Habana (Cuba) y pidió al Gobierno de la isla que los entregara.

Por su parte, el líder negociador de esa guerrilla, ‘Pablo Beltrán’, afirmó que el equipo que está en La Habana no tiene vínculos con el atentado y pidió al Gobierno el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones.

Atentado del Eln

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En esta misma línea se pronunció este viernes el Gobierno cubano y negó que los negociadores del Eln que están en su país participaron en el atentado porque estos tenían como propósito exclusivo negociar la paz, y descartó que el territorio cubano haya sido “usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado”.

De igual forma, la Interpol emitió esta semana circulares rojas contra ‘Pablo Beltrán’ y Víctor Orlando Cubides, alias ‘Aureliano Carbonell’ y también negociador, por los delitos de terrorismo, homicidio y secuestro, entre otros.

Las negociaciones de paz con ese grupo guerrillero se iniciaron en el anterior Gobierno en Quito, pero en mayo de 2018 se trasladaron a Cuba, donde las últimas conversaciones concluyeron el pasado 3 de agosto.

Juan Pablo Suache, auxiliar de Policía

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Desde que Duque asumió la presidencia anunció que revisaría la conveniencia de seguir con esas negociaciones. A partir de ese momento, los diálogos están suspendidas por las exigencias del Gobierno al Eln para que termine sus actividades criminales, especialmente el secuestro.